Colau no renuncia a la funeraria pública y quiere abaratar tarifas mientras no exista

El gobierno de Ada Colau ha anunciado este lunes que mantiene su proyecto de funeraria pública, que prevé que esta esté en funcionamiento en el 2020, y que se propone, en los dos años que faltan para que la nueva empresa abra sus puertas, ofrecer un servicio de precio reducido para un entierro de unos 1.800 euros, muy por debajo de los más de 5.000 euros que, según ha afirmado el concejal de Presidencia, Eloi Badia, cuesta ahora de media, si no se tienen en cuenta los casos en los que el difunto tenía seguro. Badia ha precisado que el objetivo es que en el plenario municipal de febrero se apruebe el proyecto de la nueva empresa y la creación del servicio de coste reducido. Y está buscando el consenso necesario para lograrlo.

La oferta de 1.800 euros incluye la recogida del difunto, el ataúd, el traslado al cementerio con un coche y la ceremonia, pero no el velatorio, ni los gastos del servicio de cementerio. El servicio tendrá lugar en los cementerios de la ciudad, de titularidad pública: Montjuïc, Les Corts, Sant Andreu, Sants, Poblenou y Sarrià-Sant Gervasi. Si el calendario se cumple, ya se prestará en verano. Los oratorios serán reconvertidos para acoger la ceremonia y servir también de espacio para un velatorio reducido. Quienes deseen un velatorio clásico, que según el consistorio no serán pocos por formar parte de la cultura mortuoria imperante, tendrán que subir a unos 2.400 euros. Cementiris de Barcelona, empresa municipal, gestionará este servicio.

El pacto sin premio de Colau

Colau mantiene así el pacto al que llegó con ERC para que el grupo de Alfred Bosch se abstuviera en la votación de presupuestos permitiendo su aprobación. Como también era necesaria la abstención del PSC, que votó en contra de las cuentas e impidió así que prosperaran, la alcaldesa afronta las contrapartidas de un acuerdo en el que no ha hallado beneficio. ERC, por cierto, anunció que en virtud de ese pacto la funeraria pública quedaba aparcada, lo que al final no sucederá.

Badia, el concejal que negocia el tema y que lleva un año hablando con los grupos en pos de lograr una mayoría que dé luz verde a la iniciativa en el plenario municipal, ha explicado que la funeraria pública será una realidad y que aunque inicialmente se previó que funcionara en el 2019, la prolongación de las negociaciones con el resto de partidos, que llevan un año abiertas, retrasará la puesta en funcionamiento de la empresa hasta el 2020.

En ese "mientras tanto", ha dicho el edil, el gobierno acepta apostar por una fórmula intermedia, la de abrir los oratorios de los cementerios públicos a una nueva función. La mayoría que requiere el gobierno para aprobar estos proyectos no está todavía garantizada. Sí el voto favorable de los cinco concejales de ERC, que hasta ahora rechazaban el proyecto de la funeraria por considerar que con solo seis salas de velatorio, las previstas inicialmente, no se podía condicionar el mercado a la baja. Badia ha abierto la puerta de que al final sean hasta 20, pero está por definir. Al igual que no se descarta que una vez funcione la funeraria municipal se mantenga el servicio de precio reducido.

Venta de Mémora

Para que todo esto sea posible, el gobierno quiere aprobar en el pleno de febrero tres elementos: la creación de la funeraria pública, la institución del nuevo servicio y la venta del 15% de participación que el consistorio posee de la empresa funeraria Mémora. Sin esa venta, no podría operar en el mercado.

De la dificultad de lograr el respaldo necesario da fe que Colau se ha visto obligada a retirar del orden del día del pleno la funeraria dos veces: una en abril y una en noviembre pasado. Badia ha explicado que una vez ha acercado posiciones con ERC, la alcaldesa espera recabar el apoyo de PSC, de cuyo grupo ha destacado que compartió la iniciativa cuando compartía gobierno en Barcelona en Comú. Los socialistas, según fuentes del grupo, están a favor de abaratar los costes de los entierros pero quieren conocer los detalles de cómo se hará y estar seguros de que no tendrán consecuencias indeseadas, en forma de un mayor coste público o de repercusiones laborales en el sector privado funerario. El grupo de Jaume Collboni negocia con el gobierno y el acuerdo parece posible, aunque con toda la prudencia, tan solo unos días después de que también se diera por hecho que los socialistas se abstendrían en la votación de los presupuestos y acabaran votando en contra. Badia también ha hablado de la funeraria con el concejal no adscrito Gerard Ardanuy y con la CUP, que, como ERC, considera que seis velatorios son insuficientes.