Colau, un año para salvar su reelección

En un mandato convencional de un gobierno municipal con una mayoría suficiente, el año próximo presentaría las características típicas del último curso. Con las elecciones a 14 meses vista, se antoja un periodo idóneo para rematar tareas y programar inauguraciones. Prepararse para la contienda y cruzar los dedos para que la ciudadanía tenga en cuenta la labor del consistorio y no vote en función de otras claves.

Es un periodo en el que no suele ser fácil alcanzar pactos con la oposición, lo que no es un problema si no se la necesita, pero que lo es y mucho en el caso contrario. Y ese es el caso del gobierno de Ada Colau, con 11 concejales y cada vez menos opciones aparentes de alcanzar acuerdos con los que han sido sus socios principales en lo que va de mandato. El año que le queda a Colau se antoja complicado. A tenor del ambiente, tendrá que explicar muy bien qué legado deja para contrarrestar el discurso de sus detractores, que, en diferentes puestos de la ofensiva, empiezan a dar por hecho que no logrará reeditar su resultado. La sensación es que el partido puede ganarse o perderse por poco.

El ambiente

Colau tiene 14 meses para revertir ese ambiente o para demostrar que no es cierto. Las municipales, previstas para el 9 de junio del 2019, se celebrarán finalmente el 26 de mayo, al coincidir con las europeas: el consejo de la UE decidió fijar los comicios al Parlamento europeo entre el 23 y el 26 de mayo.

Existe un riesgo evidente para la alcaldesa: que no pueda sacar adelante ninguna decisión de peso de aquí a las elecciones. Para alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 21 concejales, Barcelona en Comú se ve obligada a recabar el apoyo de hasta tres grupos municipales, en el caso de que el PDECat, con nueve concejales, no sea uno de ellos. Hasta ahora, en los grandes temas que ha logrado aprobar, ha contado con el respaldo del PSC, con cuatro ediles; de ERC, con cinco, y de la CUP, en forma de voto favorable o abstención selectiva de alguno de sus tres representantes en el plenario. De un tiempo a esta parte, el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy, antiguo representante de Unió y exmiembro del grupo de Xavier Trias, se ha convertido en otro socio potencial. Es un solo voto, pero a veces puede resultar decisivo.

Colau apenas puede contar ya para mucho con el PSC, su antiguo socio, desde que le echó del gobierno, consulta interna de Barcelona en Comú mediante, por el apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 en Catalunya. Su jefe de filas, Jaume Collboni, es ahora el primer crítico de la gestión del gobierno de Barcelona en Comú. De forma inesperada, el PSC se negó a respaldar el proyecto de presupuestos, obligando a la alcaldesa a dos tragos amargos: por un lado tuvo que recurrir a una cuestión de confianza para sacar las cuentas adelante, igual que hace un año; por el otro, Colau se vio forzada a cumplir con los pactos que había cerrado con ERC y el PDECat para lograr sus abstenciones en la votación, pese a que una vez anunciada la negativa de los socialistas ya no servían para aprobar el proyecto.

En el caso de ERC no pinta mejor la cuestión. El presidente del grupo de ERC, Alfred Bosch, que aspira a disputarse la alcaldía con Colau y parece convencido de que tiene serias opciones de lograr la vara de mando, le ha cerrado el grifo en la última gran baza que el gobierno pensaba esgrimir ante los barceloneses: la aprobación de la unión del Trambesòs y el Trambaix por la Diagonal. Las duras críticas de Collboni y Bosch a Colau tras la suspensión de la Barcelona World Race han dejado claro el cerco de ambos a la alcaldesa.

El pleno del tranvía

El pasado 23 de marzo, Colau estuvo cerca de ver cómo perdía la carta del tranvía. En parte ya la perdió cuando ERC descartó ofrecer su apoyo a la unión por la Diagonal, una posibilidad que también el PSC desechó, pese a ser el 'padre' del proyecto, por considerar que no queda tiempo para iniciarlo en este mandato ni margen político para un acuerdo. El plan b, laminado, pero los republicanos de Bosch tampoco están por la labor: denuncian que sin un convenio que fije la obligación, no está asegurado que el aumento de ingresos que redunde del aumento de actividad por la ampliación de la línea revierta en el consistorio y no en la empresa privada que gestiona el tranvía.

Ese 23 de marzo, apelando a la "situación de excepción" por la salida de Marta Rovira al extranjero y la citación de varios 'exconsellers' y de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que luego fueron encarcelados, Colau suspendió el pleno hasta el 10 de abril. Barcelona en Comú intenta lograr de los republicanos un aplazamiento hasta junio para salvar la ampliación parcial del tranvía. Pero estos no parecen seducidos.

El PEUAT, la vivienda

Así las cosas, lo bueno que tiene la alcaldesa es que a estas alturas ya sabe con qué cartas podrá pedir a los electores que le den cuatro años más. El suyo es un legado marcado por la limitación que impone tener solo 11 concejales pero también por que algunas de sus medidas más destacadas son difíciles de cuantificar a corto plazo. Una de las joyas de su corona es el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, el PEUAT, el plan por el que el gobierno paralizó la construcción de nuevos hoteles en la zona más turística, la limitó en una segunda zona (se puede hacer un hotel en sustitución de otro que cierre) y la permite en las zona de menos actividad. Pero tendrá que pasar un tiempo considerable antes de que se pueda comprobar si la planificación da los resultados previstos.

El plan de vivienda guarda tintes similares: la apuesta por la vivienda pública es clara en el discurso, pero lograr un parque relevante requerirá varios mandatos. Los expertos creen que en Barcelona debería haber 100.000 pisos de alquiler social y asequible y hay 9.000: 7.000 del consistorio y 2.000 de la Generalitat. El plan de Colau prevé 8.800 pisos más hasta el 2025. No es suficiente para resolver el problema, sobre todo en plena crisis por el aumento de los alquileres. Pero tampoco puede decirse que sea un reto menor: si la cifra se confirma el gobierno municipal habrá hecho en nueve años casi 2.000 pisos públicos más de los que tenía.

En la agenda sigue la funeraria pública, inviable si el PSC y ERC no la respaldan. La operadora municipal eléctrica sí tiene visos de prosperar: en unos meses debería suministrar energía a las sedes del consistorio y un poco más adelante, a 20.000 clientes.

La política social

Colau podrá decir que la Modelo se cerró siendo ella alcaldesa, aunque la iniciativa surgió del grupo de ERC como condición para respaldar una modificación de crédito, y el mérito del cierre se le otorga al impulso del 'exconseller' de Justícia Carles Mundó, apartado de la política como uno de los efectos colaterales del 'procés'. La alcaldesa sí podrá esgrimir el incremento de inversión en política social. Quizá le baste. Quizá no.