Dos 'apps' de alquiler de bicis se apropian de los párkings ciclistas del centro de Barcelona

La calle es de todos pero no es de nadie en particular. Las normas de la convivencia vienen marcadas por la educación y el sentido común, pero sobre todo por las infinitas ordenanzas municipales cuyo nivel de conocimiento es entre escaso y nulo. Sucede a menudo que ciertas prácticas, por nuevas e inesperadas, muchas veces vinculadas a las nuevas tecnologías, pueden escapar de todo ese paraguas regulador. Sucedió con las terrazas, que aprovecharon el vacío legal para llenar las aceras de cafés y tapas. Hasta que el consistorio actuó. Ahora está pasando con dos aplicaciones de móvil para que los turistas alquilen bicis que llevan meses usando los aparcamientos públicos en la calle para dispensarlas a sus clientes. Sin empleados y sin gastos de local, echando mano de lo que se paga entre todos los ciudadanos. Al debate sobre la posible privatización de la calle se le une la creciente apuesta por la movilidad en vehículos compartidos, una iniciativa que el ayuntamiento respalda, pero que quiere que se haga de manera ordenada.

Donkey Republic (empresa danesa) y Dropbyke (de origen lituano) son las dos compañías que operan en la capital catalana, con cerca de 600 bicicletas. El usuario se descarga la ‘app’ y sitúa en el mapa de la ciudad todos los puntos en los que puede hallar una bici, la cual libera gracias al teléfono. Tiene su lógica empresarial, pues Barcelona recibe más turistas que nunca y cada vez hay más carriles ciclistas. Pero parte de un punto de partida que rechina: las unidades están repartidas por la red pública de anclajes. Basta con darse una vuelta por el centro del Eixample, Poblenou o Ciutat Vella para comprobar que muchos de estos aparcamientos tienen buena parte de las plazas ocupadas por estas bicis azules, naranjas y rojas.

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ESTRATEGIA EN CAMINO

Desembarcaron hace unos seis meses. El consistorio empezó a recibir quejas y se puso a analizar la situación. Adrià Gomila, director de Movilidad del consistorio, explica que se está trabajando “en definir una posición” respecto a estos nuevos negocios. Una estrategia en forma de normativa bajo la que deberán regirse este tipo de iniciativas. Subyace un conflicto de intereses. Por un lado, el ayuntamiento es partidario de impulsar la “movilidad en vehículos compartidos”. Por el otro, se enfrenta al reto de decidir “cómo tienen que estar estacionados” en la calle. Mientras se deshoja la margarita, las bicis siguen expuestas en la Barcelona más entregada al turismo.

El ayuntamiento fue alertado en enero por la asociación Bicitours, que representa a las tiendas de alquiler de bicis, unas 75 en toda la ciudad. Para el gremio, la actividad de estas aplicaciones es una “evidente privatización del espacio público”, además de una competencia desleal que, si se dispara, podría llegar a hacerles mucho daño. Borja Martínez-Sanz es el presidente de Bicitours, cargo que asumió el pasado enero al sustituir a Ester Boada, empresaria que ahora ha pasado a ser la gestora de Donkey Republic en Barcelona. Se pueden imaginar cómo sentó este viraje profesional en la asociación.

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Boada tiene tienda en el Born desde hace 21 años y asegura que el negocio del que se ha hecho cargo es “complementario al alquiler tradicional de bicis en un local”. Porque, asegura, las aplicaciones dan “inmediatez, mientras que las tiendas te permiten escoger la bici, obtener información y solicitar un guía”.

Martínez-Sanz considera que la expresidenta de Bicitours ha hecho de su causa un “auténtico caballo de Troya”. “Me la imagino durante el año pasado vendiendo el producto al ayuntamiento, pintándolo bien bonito para que no le pongan problemas”. Boada admite que por ahora la situación “es un poco incierta”, aunque sostiene que está actuando “al lado de la Administración”. Gomila, conciliador, asegura que están escuchando a ambas partes con espiritu constructivo.

¿DESCENTRALIZAR EL NEGOCIO?

La responsable de Donkey Republic defiende, además, que este nuevo sistema ayuda a “descentralizar el servicio de alquiler de bici”, pero un vistazo al mapa de ambas aplicaciones permite comprobar que la oferta se centra, muy básicamente, en los puntos neurálgicos del turismo. También asegura que no colocan bicis “cerca de tiendas de alquiler”, pero basta con un paseo para comprobar que eso no es del todo cierto.

Bicitours reclama al consistorio que actúe. Si no hace nada pronto, demandarán al ayuntamiento, pues consideran que Donkey y DropByke están “incumpliendo con este comercio ilegal varias ordenanzas en vigor”, como la del uso del espacio público para un lucro personal. Exigen que estas empresas “vendan en locales”: “Están llevando la oferta donde está la demanda. Imagínate que llega un camión de China con 10.000 bicicletas, ¿tampoco harán nada para evitarlo? Y si me pongo en la calle a vender fruta, ¿no dirá nada el frutero de toda la vida?”

Gomila asegura que las ordenanzas permiten actuar “cuando haya un uso abusivo de la vía pública”. El problema es que la norma no concreta dónde está la frontera entre lo asumible y lo abusivo, con lo que todo queda a criterio de la autoridad. En cualquier caso, varias patrullas de la Urbana consultadas por este diario al respecto sobre estas bicis (y junto a estas bicis) han asegurado no tener ningún conocimiento sobre este negocio. “Seguimos órdenes, lo que nos diga el mando”. ¿Cuántas bicis de alquiler ha retirado el ayuntamiento de la calle en estos seis meses? Un portavoz municipal aporta la respuesta: ninguna; y la explicación: “No se han recibido quejas sobre una ubicación concreta”.

DUDAS RAZONABLES

Puede suceder, concreta Gomila, que un turista esté tomando un helado y que haya atado la bici de DropByke en un aparcamiento público. En este caso no se estaría cometiendo ninguna irregularidad. Este problema, sin embargo, se resolvería usando la aplicación móvil, que permite comprobar dónde están las bicis y cuántas hay disponibles. Para el gremio de tiendas de alquiler, esta actitud municipal demuestra su “absoluta pasividad, permisividad y falta de reacción frente a una actividad irregular”.

Todo debería resolverse cuando el consistorio tenga listo el reglamento que regulará estos negocios en la vía pública. Aunque será en una fecha todavía indeterminada. Por la experiencia del Bicing eléctrico (se colocó en aparcamientos subterráneos y tuvo un éxito muy escaso), el ayuntamiento tiene previsto permitir un porcentaje de bicis en la calle. “Si no se ven, no se usan, acabaremos apostando por una cierta distribución entre locales y el espacio público”, resume Gomila.