La oposición reprueba al Govern por la gestión de las residencias

El drama de las residencias aterrizó este martes en el Parlament con una enmienda de la oposición a la gestión de la Generalitat y el clamor por un nuevo modelo. El covid-19 se ha cobrado la vida de 4.099 ancianos de un total de 12.596 muertes en Catalunya, por lo que los parlamentarios quieren poner bajo la lupa para que la administración no vuelva a fallar ante un posible nuevo brote en otoño.

La gestión del Govern, que retiró la competencia en la materia a Afers Socials y la traspasó a Salut en plena pandemia, fue evaluada este martes en un pleno monográfico pero está siendo examinada también en una comisión de investigación que ya se ha constituido. La Junta de Portavoces decidió por la mañana que se celebrara el pleno sin intervenciones de entidades del sector, al registrar hasta seis peticiones que serán subsanadas en comisión, algo que enfadó y decepcionó a las organizaciones que querían participar. La vicepresidenta de la Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat (FEATE), Assumpta Ros, expuso en declaraciones a este diario que la propuesta que querían plantear en el hemiciclo es la equiparación de sueldos con el sector sanitario, simplificar la burocracia, dar tiempo a repensar el modelo y reflexionar sobre lo sucedido con el covid-19, comprometerse con hacer el trabajo con los recursos que estén disponibles y considerar la responsabilidad ética del trabajo.

Si bien los ‘consellers’ de Treball, Afers Socials i Famílies y de Salut reconocieron "flaquezas" en el modelo de residencias, el ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, optó por dirigir las responsabilidades al Gobierno y achacó la tragedia a la "infrafinanciación" y la "recentralización de competencias" en el Estado. Pese a reclamar que no se use esta desgracia como "arma partidista de erosión política", Torra sostuvo que  "años y años de vulneración reiterada de la ley de dependencia no asumiendo la responsabilidad económica a la que están obligado por ley tiene consecuencias" y, pese a admitir que llegaron tarde en la compra de material, culpó de ello al mando único. Y continuó sacudiéndose responsabilidades asegurando que lo sucedido en las residencias catalanas es equiparable a otros países europeos, e indició que en otros lugares de España el impacto del covid-19 ha sido "igual, o incluso mayor" que en Catalunya.

El jefe del Govern justificó el traspaso de la competencias que firmó el 10 de abril en materia residencial de Afers Socials a Salut como una necesidad "urgente e imperiosa" porque "debía prevalecer el criterio sanitario" para frenar los contagios y defendió que la atención primaria "ha sido clave". El ‘conseller’ Chakir El Homrani, despojado de las competencias, defendió que fue una decisión "acertada" porque dotó de "territorialidad" a las decisiones.

Torra se vanaglorió de un plan de contingencia de 96 millones de euros impulsado por la Generalitat, anunciado un día antes del pleno, que prevé incrementar hasta 2.000 el número de profesionales en estos centros y reservar más plazas para aislamiento que puedan atajar un posible rebrote. "Ahora no podemos relajarnos en absoluto y, mucho menos, en las residencias. Nos estamos preparando por una posible nueva ola [de coronavirus] en otoño y blindaremos los centros para actuar con la máxima celeridad", apostilló Torra. Según el ‘president’, ya se han realizado 106.000 test PCR en las residencias y han intervenido 13 centros para cambiar la empresa gestora, al tiempo que se han trasladado 2.472 usuarios y 681 han vuelto a su domicilio.

Autocrítica

El Homrani reivindicó los esfuerzos de la Generalitat sosteniendo que "nadie estaba preparado para una pandemia como esta", pero admitió que la Generalitat debía haber prohibido las visitas de familiares en las residencias una semana antes del 12 de marzo: "Nos equivocamos". No escatimó objeciones al modelo actual, que tachó de "fallido y con flaquezas" en cuanto a financiación, atomización y precariedad laboral, al tiempo que denunció "la irrupción de operadores que a veces ponen el beneficio por delante de la calidad del servicio".

"Me quiero disculpar si alguien ha sentido que no hemos llegado, y si algunas personas se han sentido solas; hay que hacer una mirada autocrítica para dar mejor respuesta", apuntó el ‘conseller’ que fue señalado incluso por miembros del Govern.

El Homrani exigió más recursos al Estado para destinarlos a los servicios sociales. En cuanto a los trabajadores, se comprometió a aumentar las tarifas públicas para acercar los sueldos de los empleados en residencias a los del sector de la sanidad.

La ‘consellera’ de Salut, Alba Vergés, fue contundente con el futuro y aseguró que actuaría con celeridad: "Un caso es un brote y nos obliga a actuar", avisó, y defendió el trabajo coordinado con Afers Socials.

Los grupos que impulsaron el debate -PSC, ‘comuns’, CUP y PPC- hurgaron en que debe aclararse el motivo por el qué ha habido un número tan elevado de fallecidos en las residencias y requirieron modificaciones "sustanciales" desde un amplio consenso político.

El tono fue agrio, y pese a las llamadas al consenso afloraron las rencillas. Cs y PPC acusaron al Govern de anteponer el ‘procés’ a la pandemia, algo que Torra negó con rotundidad. "Si alguna cosa no hemos es aprovechar la gestión para hacer política independentista", enfatizó.

El PSC acusó al Executiu de "negar" el traslado de enfermos a los hospitales "por el solo hecho de ser mayores y vivir en residencias", en una situación en la que, a su juicio, aparcaron las residencias para atender "la lucha política personal contra el Gobierno".

Por su parte, los ‘comuns’ exigieron al Govern que asuma su "responsabilidad" sobre la mercantilización y la externalización de servicios y afearon a ERC no haber aprobado los Presupuestos del Estado y la CUP cargó contra la gestión privada. ERC y JxCat admitieron algunos errores y emplazaron a la oposición a sumar en vez de "desgastar".