Los 'comuns' piden la reprobación de El Homrani por la gestión de las residencias

Los 'comuns' solicitarán en el Parlament la reprobación del 'conseller' de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, por la gestión del impacto del covid-19 en las residencias. Esta petición se incluye en las propuestas de resolución que Catalunya En Comú - Podem presentará como conclusiones del pleno monográfico sobre los centros de mayores y de personas con discapacidad que ha comenzado este martes en la Cámara catalana.

El texto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, sostiene que el 'conseller' de ERC debe ser reprobado "por la falta de previsión y de reacción, y por las graves consecuencias que han tenido la mala gestión realizada durante las primeras semanas de la pandemia" cuando aún era responsable de estos centros. 

El 10 de abril, el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, firmó un decreto según el cual retiró las competencias en esta materia al Departament de Afers Socials y las traspasó a Salut, una decisión que el jefe del Govern ha vuelto a defender este martes en el Parlament por "urgente e imperiosa" que asegura que se basó en criterios sanitarios.

El covid-19 se ha cobrado la vida de 4.099 personas y ha enfermado a 15.054 usuarios en las residencias, y también ha impactado en los trabajadores que tuvieron que ejercer en algunas circunstancias sin materiales de protección, como han denunciado varias entidades y sindicatos.

Otras medidas

Los 'comuns', por otro lado, proponen replantear el modelo actual y se abren a "evaluar la viabilidad" de los centros más afectados y "plantear la incorporación a la red pública de las que no puedan garantizar la continuidad del servicio en condiciones dignas".

Como ya prevé el Govern, inquieren en la reserva de plazas a cargo de la Generalitat para garantizar el aislamiento en caso de rebrote, así como garantizar el 'stock' de materiales de protección y de test de detección de covid-19.

Asimismo, defienden la necesidad de "desmercantilizar" el modelo con un plan de inversión plurianual para la construcción de residencias, pisos tutelados y centros de día públicos; con el despliegue de un operador público que permita asumir la gestión directa de los servicios; la retirada de contratos y conciertos a las que no hayan gestionado "bien" la crisis, y un nuevo formato de concertación.

Por otro lado, proponen ejercer de forma efectiva la inspección laboral y concretar el aumento de tarifas en las concertadas.