Zoido minimiza las cargas el 1-O y culpa al Govern y a los Mossos

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Patricia Martín

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Cuando un ministro toma posesión de su cargo, debe de recibir, al menos en España, una especie de manual sobre la conveniencia de dar explicaciones a petición propia en las Cortes ante cualquier escándalo, pero siempre con el objetivo de echar balones fuera. Siguiendo a pies juntillas este manual, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, eximió este jueves, en una larga comparecencia en el Senado, de cualquier responsabilidad a su departamento y a las fuerzas de seguridad por las cargas policiales el 1-Olas cargas policiales. Al contrario, la actuación de los agentes fue "legítima, profesional y proporcionada", dado que "impidió la consulta", y según sus datos, solo en 11 colegios hubo "problemas", pero por culpa del Govern, que "soliviantó las calles", y la "absoluta pasividad" de los Mossos.

Cero autocrítica, puesto que las fuerzas de seguridad actuaron por mandato judicial, e Interior se limitó a coordinar. Y cero peticiones de perdón, pese a que su departamento fue censurado por su falta de sensibilidad con los miles de atrapados de la nevada. Zoido tan solo expresó que “lamenta como el que más” el alto número de heridos, tras poner en cuestión la cifra de 1.000 damnificados ofrecida por el Govern. 

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En cinco horas de explicaciones, el ministro apenas ofreció datos nuevos salvo que el despliegue policial sin precedentes costó 87 millones de euros (de los cuales 26 millones se destinaron al alojamiento en barcos). “Una  cantidad importante que debemos pagar todos debido a la irresponsabilidad de la Generalitat”, aseveró. También detalló que el número de agentes enviados a Catalunya osciló entre los 4.500 y los 6.000.

El resultado de su trabajo durante la consulta fue la “desactivación” de 113 centros de votación y otro centenar que no llegaron a abrir o cerraron al ver el operativo policial. Mientras tanto, los Mossos evitaron el referéndum en unos 300 lugares, pero en muchas ocasiones “incautaban las urnas una vez finalizado el recuento”, según denunció. También criticó que la policía catalana desplegara 7.850 agentes para impedir una consulta ilegal y 3.700 efectivos más el 21-D, en unas elecciones normales. Por no hablar de la “diferente actitud” que las personas “parapetas” el 1-O dispensaron a las fuerzas de seguridad. A su juicio, mostraron “complicidad” con el cuerpo autonómico y “hostilidad” hacia policías y guardias civiles.

Los “radicales”

Además, no fue una actitud espontánea, sino fruto de una acción “premeditada y con reparto de roles”, como la selección de los "más radicales" para impedir el acceso y la salida de los agentes. El ministro criticó especialmente el “uso de niños” para dificultar la tarea, lo que a su juicio obligó a una “intervención laboriosa” y, en 11 centros, al uso de una “fuerza mínima” para que los encargados de impedir la consulta pudieran abandonar los puntos de votación. En total, señaló, en 54 casos tuvieron que retirar “uno a uno” a los concentrados. Y, en un sólo caso, se recurrió a las pelotas de goma, prohibidas en Catalunya, “ante el tumulto” acosador.

Zoido negó que tras las primeras horas de caos se ordenara a las fuerzas de seguridad que pararan o suavizaran su actuación -ante las imágenes de violencia que conmocionaron a buena parte de la ciudanía- y admitió que no sabe “a ciencia exacta” como llegaron las urnas hasta los colegios. Eso sí, descartó cualquier tipo de ineptitud, porque los agentes buscaban urnas convencionales y no las de plástico.

Sus justificaciones no convencieron a la oposición, que cargó contra el ministro por evitar la autocrítica y dirigir un despliegue “improvisado y desproporcionado”. El PSOE, pese a su apoyo al 155, dejó claro que durante las primeras horas del 1-O hubo una actitud “negligente” que provocó que los policías y guardias civiles “pagaran los platos rotos del referéndum”. Y los demás se mostraron aún más duros.