El PP enhebra el control contra los delitos de odio en Twitter

Puede ser el enésimo brindis al sol de la política o el primer paso para poner una barrera más eficaz a los delitos de odio en las redes sociales. El PP quiere consensuar con el resto del Congreso una modificación legislativa que permita poner coto al anonimato en plataformas como Twitter con el objetivo de facilitar a la Policía la identificación de los responsables de tuits violentos. Las negociaciones pueden acabar siendo papel mojado o un punto de inflexión.

Todo está por escribir en un contexto de shock en el que las formaciones políticas no tienen muy claro cómo responder en la vía normativa a amenazas que han alcanzado el escándalo en las últimas semanas tras los mensajes por la muerte del exfiscal general del Estado, los ataques a periodistas o a dirigentes parlamentarios. La porosidad de la frontera entre el respeto al derecho fundamental de la libertad de expresión y el convencimiento de que se deben explorar mecanismos más eficaces en la lucha contra estos delitos vuelven a la palestra.

Por el momento, el PP presentó este martes una iniciativa que, de llevarse a término, cambiaría por completo la gestión de las cuentas en redes sociales. Los conservadores quieren poner fin al anonimato. Su propuesta insta al Gobierno a aprobar los cambios legales oportunos para que los usuarios de estas plataformas estén obligados a registrarse con su “identidad administrativa real”. El ejemplo que pone el PP es de los teléfonos móviles. Cuando empezó a implantarse este servicio, se podía acceder a un número sin necesidad de aclarar la identidad. Ahora, en cambio, hay que presentar el DNI para poder acceder a una línea.   

Según el portavoz parlamentario de los conservadores, Rafael Hernando, se trataría de un “registro” que prevendría la comisión de delitos, pero los usuarios podrían seguir utilizando seudónimos. "Debemos abordar no solo los ataques a personas de dimensión pública, sino a gente joven por el 'bulling', que empieza a salir de los colegios y a asediar desde las redes", explica la diputada Alicia Sánchez Camacho, objeto de un virulento ataque en Twitter por el que interpuso una denuncia.

Fontera porosa

El debate levanta ampollas. La misma sociedad que se revolvió incómoda contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la tuitera Cassandra VeraCassandra Vera a un año de prisión por al considerar “humillación a las víctimas del terrorismo” sus chistes sobre Carrero Blanco, encuentra intolerables amenazas de violación y muerte como las sufridas por periodistas como Ana Pastor o Cristina Fallarás o por dirigentes políticos como la propia Sánchez Camacho.

¿Dónde está la frontera entre la rigidez de la ‘ley mordaza’ y la persecución efectiva del auge de episodios de odio en las redes sociales?

Derecho fundamental

Los partidos no se ponen de acuerdo. El PSOE rechaza el acoso con rotundidad, pero insiste en que las medidas deben equilibrarse con el derecho fundamental de libertad de expresión. Los socialistas advierten de que una opinión expresada con poca educación no puede equipararse a un delito de amenazas.

Ciudadanos pone el foco en el "equilibro entre la libertad de expresión y los delitos de incitación al odio". "Hay que entender las dificultades que entraña intentar controlar la identidad de las personas que participan en las redes sociales”, señalan fuentes de la formación que lidera Albert Rivera.

El PNV considera positivo abrir una reflexión “desde el ámbito europeo” para ejercer una mayor influencia sobre las compañías propietarias de las redes, que son, en todo caso, las que gestionan la política de privacidad de sus usuarios. Los nacionalistas vascos insisten, además, en que todas las medidas deben mostrar el “máximo respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas”.

ERC condena la violencia pero considera que los populares usan este debate como intento de amordazar a la ciudadanía. “Lo que tiene que ver con el PP y censurar a nosotros nos provoca grima porque más que nada quieren censurar la libertad de expresión”, señala el coportavoz parlamentario, Gabriel Rufián.