Libertad con cargos para los detenidos del entorno de Rita Barberá
El fiscal Anticorrupción pedía prisión para la secretaria del PP en el Ayuntamiento, pero el juez rechaza la solicitud
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el 'caso Imelsa', ha dejado en libertad provisional a los siete de los 24 detenidos en el marco de la 'operación Taula' que prestaron declaración este miércoles por la tarde. Todos mantienen la condición de investigados (imputados) por los presuntos delitos prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en una causa que indaga sobre la presunta trama de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas construida alrededor de la Diputación de Valencia de Alfonso Rus y que afecta también al Ayuntamiento de Valencia de Rita Barberá y a la Generalitat Valenciana de Francisco Camps.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juez ha impuesto el pago de una fianza para cuatro de ellos para hacer frente a las responsabilidades civiles en el caso de que fuera condenados. Es el caso David Sierra, exvicesecretario de organización del PP de la Comunidad Valenciana y exdiputado en las Corts, también imputado por supuesta financiación irregular del PP valenciano en el 'caso Gürtel'; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster; el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos; y el empresario y exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, que llevó las grabaciones del caso a la Fiscalía Anticorrupción.
En el caso de María del Carmen García Fuster, considerada mano derecha de Rita Barberá y que tiene acceso a las cuentas del grupo municipal popular, el magistrado ha decretado su puesta en libertad bajo fianza en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión.
SEIS CONSTRUCTORAS ANTE EL JUEZ
Los otros tres arrestados en el marco de esta operación que el miércoles han prestado declaración ante el juez son los dos arquitectos de Imelsa, Joan Vergara y Elena Bosque y el exasesor de la exconcejala de Cultura María José Alcón (que quedó en libertad bajo fianza de 150.000 euros el martes) en el Ayuntamiento de Valencia, Pedro Aracil, personal de confianza del Grupo Popular. Se da la circunstancia, además, que el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos, es el exmarido de Alcón (ahora casada con el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el 'caso Nóos').
Este jueves pasarán a disposición judicial, al menos, seis detenidos más. Todos ellos son empresarios de la construcción cuyas mercantiles eran adjudicatarias habituales de la Diputación de Valencia presidida por Alfonso Rus. El exbarón popular será previsiblemente el último de los arrestados de la 'operación Taula' en declarar.
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