Otro golpe contra la corrupción en Valencia cerca a Rita Barberá

Una operación coordinada por el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado este martes con 24 detenciones relacionadas con el 'caso Imelsa', un trama de corrupción infiltrada en ayuntamientos, en la Diputación de Valencia y en la Generalitat Valenciana, que tenía como objetivo percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. El principal arrestado ha sido Alfonso Rus, el expresidente de la Diputación de Valencia a quien el PP fulminó tras difundirse una grabación en la que contaba billetes supuestamente procedentes de comisiones ilegales. Pero la redada ha afectado también al entorno de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

Se han practicado 33 registros en toda la Comunitat Valenciana y la Guardia Civil ha embargado 150 vehículos de alta gama y bloqueado 252 cuentas corrientes. Entre las dependencias registradas destacan los despachos del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, lo que evidencia que el escándalo implica a la espina dorsal de lo que fue el PP valenciano durante la etapa de Francisco Camps. Se investigan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Por parte del ayuntamiento han sido detenidas María José Alcón, exconcejala de Cultura y esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en el 'caso Nóos', y Carmen García, secretaria del grupo municipal del PP. También ha sido arrestada la cúpula de Rus en la diputación: los exvicepresidentes Máximo Caturla (que era el responsable de la empresa pública de construcción de colegios CIEGSA, dependiente de la Generalitat Valenciana) y Juan José Medina y el exjefe de gabinete de Rus y hasta ahora asesor popular en la diputación Emilio Llopis.

MÁS IMPUTADOS

En la causa están imputados, además, Alfonso Novo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y sucesor de Barberá, y el asesor municipal Luis Salom, conocido por registrar la marca Guanyem Barcelona para impedir que pudiese hacer uso de ella el partido de Ada Colau. 

La investigación se inició a raíz de una denuncia por presunta gestión irregular en la empresa Imelsa, dependiente de diputación, cuyo gerente era Marcos Benavent. De Benavent son las grabaciones en las que se escuchaba a Rus contar dinero, que provendría de un soborno, y que fueron la punta del iceberg del caso y el detonante para su retirada de la política.

SUSPENSIÓN DE MILITANCIA

El comité nacional de derechos y garantías del PP, a instancias del partido en la Comunidad Valenciana, ha ordenado la suspensión de militancia de los detenidos en la operación. El PPCV ha enviado un comunicado horas antes de conocerse esta decisión explicando que había reclamado abrir contra los arrestados un expediente disciplinario, así como su suspensión cautelar de militancia. La dirección nacional ha recordado que Alfonso Rus ya estaba suspendido de militancia desde el pasado mes de mayo, después de hacerse pública la grabación en la que supuestamente contaba billetes.

Tanto el partido en Valencia como en la dirección nacional han asegurado que se mostrarán contundentes ante "cualquier tipo de corrupción", apelando, no obstante, a la presunción de inocencia.

EMPRESA PANTALLA

El caso se remonta al año 2014, cuando Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba al exgerente de esta sociedad, Marcos Benavent, de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

En el momento de la denuncia, la formación de EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que este "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" del exalcalde de Xàtiva.

CONTANDO BILLETES

A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Rus contando billetes del cobro de comisionescontando billetes, extremo que siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: "Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas".

Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a Alcón. Las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación --estuvo desde 2007 hasta mayo de 2015-- como en el PP, partido en el que ocupaba desde el 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia --fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat--.

DAÑO "A MUCHA GENTE"

En pleno escándalo, Benavent fue citado en mayo del 2015 por el juzgado para declarar como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía, y a su salida, en declaraciones a los medios de comunicación, reconoció que se llevó "de todo" de la Diputación --aunque pensaba devolverlo, según dijo-- y advirtió de que iba a colaborar con la justicia y de que iba a hacer daño "a mucha gente" contando la verdad. "Va a salir mierda a punta pala", expresó.

En esta misma comparecencia pública justificó que se había llevado dinero de la corporación provincial porque era un "yonqui del dinero", describió su relación con Rus de "confianza profesional" y agregó que no compartía "muchas cosas" ni con él ni con el PP o con la forma de gobernar "a todos los niveles".

Tras estas declaraciones a los medios, Benavent ha tenido que acudir en algunas ocasiones a Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la investigación, en una causa que se ha dividido en diferentes piezas y en la que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel.

A raíz de la distinta documentación y discos duros que Benavent ha ido entregando ante el fiscal encargado del caso, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han ido personando en las instalaciones de Imelsa para comprobar que las copias informáticas se correspondían realmente a los discos duros originales. Estos mismos agentes se personaron en el consistorio valenciano para requisar varias cajas de documentación correspondientes a la etapa de Alcón como concejala de Cultura.