ACTUACIONES policiales y JUDICIALES ANTE UN PRESUNTO FRAUDE

El juez investiga la relación entre el socio de Urdangarín y el Villarreal

Iñaki Urdangarín, en una conferencia en Las Vegas en marzo del 2010.

Iñaki Urdangarín, en una conferencia en Las Vegas en marzo del 2010.

J. G. ALBALAT / BARCELONA
MARISA GOÑI / PALMA

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La policía ha abierto una nueva línea de investigación sobre los negocios de Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín imputado por un juez de Palma de Mallorca por la presunta malversación de fondos públicos en la gestión de los 2,3 millones de euros recibidos por el Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que estuvo presidida por el duque de Palma. Según fuentes judiciales, se está siguiendo el rastro de un estudio realizado por Torres para el Villarreal Club de Fútbol por el que facturó 690.000 euros.

Los agentes han mostrado su perplejidad ante el precio del estudio, que apenas consta de 11 páginas. La policía no dudó en preguntar a Torres en su última declaración por la elaboración de este informe. La explicación que ofreció el imputado es que el valor del trabajo no solo radica en la elaboración del documento, sino también en el seguimiento del proyecto. Este diario no ha podido concretar a qué se refiere el estudio, pues las actuaciones judiciales son secretas. EL PERIÓDICO sí contactó con un alto directivo del Villarreal, que alegó que no podía ofrecer información porque se encontraba en Alemania, donde el equipo disputó un partido. Sí admitió que el club ha contratado informes sobre distintas cuestiones, pero no recordaba el nombre de Torres.

El socio de Urdangarín es un experto en estrategia y patrocinio. Ha dirigido procesos de reflexión estratégica en numerosas empresas y organizaciones. Entre los clientes de Torres han figurado importantes empresas catalanas y españolas con actividad de patrocinio, mecenazgo y responsabilidad social. Forma parte del consejo asesor de diversas empresas y ha escrito varios libros sobre esta materia.

RESPUESTA DEL EJECUTIVO / Entre tanto, el posible desvío de fondos públicos llegó ayer al Parlamento balear, donde el consejero de Presidencia, Antonio Gómez, aseguró que el Gobierno autonómico «defenderá los intereses de la comunidad donde sea y ante quien sea». A pregunta del diputado del PSM Antoni Alorda sobre las intenciones del Ejecutivo ante el proceso que instruye el juez José Castro, Gómez recordó que «el Govern está personado en todas las causas abiertas para defender los intereses de esta comunidad autónoma», aunque recordó que «existe un Estado de derecho» regido por «el imperio de la ley» y el respeto a «la presunción de inocencia».