Las radios acusan al Ayuntamiento de Barcelona de pasividad ante las emisoras piratas

En Catalunya emiten actualmente 126 radios piratas, que provocan unas pérdidas de entre un millón y 2,3 millones de euros anuales a las empresas legales del sector. Este es el principal dato del estudio que este miércoles, 25 de mayo, ha hecho público la Associació Catalana de Ràdio (ACR). Si además se tiene en cuenta que en Catalunya existen unas 200 emisoras privadas legales, el panjorama ya se plantea grave. Pero parece ser que esta no preocupa a las responsables de controlar el espacio radioeléctrico: las administraciones, tanto la estatal, como la autonómica y la municipal. "En los muchos años que se está denunciando esta situación de ilegalidad, las administraciones se han caracterizado por su total pasividad e inactividad", ha afirmado con rotundidad Robert Serentill, presidente de la ACR, asociación que integra todas las cadenas y emisoras comerciales privadas que operan en Catalunya.

Serentill ha señalado como caso especialmente grave la desidia del Ayuntamiento de Barcelona para controlar las emisoras piratas, una inactividad que llevó a la ACR a presentar en el 2013 un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento "por su pasividad ante unas infracciones que está obligado a perseguir, por ley y por una ordenanza especifica relativa a las emisiones radiofónicas que en su momento aprobó, y que incumple sistemáticamente", ha explicado el presidente de las radios privadas catalanas, quien ha apuntado que este recurso esta pendiente de sentencia.

EMISIONES PERJUDICIALES PARA LA SALUD

El recurso presentado contra el Ayuntamiento incluye un demoledor informe técnico que demuestra que las radiaciones de las antenas emisoras de las piratas son muy perjudiciales para la salud de las personas que viven cerca de ellas. Y este caso se da en la calle Marià Lavèrnia, del barrio del Carmelo de Barcelona, donde proliferan los centros emisores de estas empresas ilegales. "Encargamos un informe de niveles de exposición a emisiones radioeléctricas a una ingeniera de telecomunicaciones, Meritxell Bosch, especializada en este tipo de estudios -ha explicado Serentill-, y el resultado es que se incumplen los criterios de protección sanitaria ante campo electromagnéticos".

"Estas antenas emisoras están situadas en viviendas particulares, y no tuvimos acceso a ellas, pero, por las mediciones que hicimos en las inmediaciones, comprobamos que los niveles de emisión superan con mucho los máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud", ha señalado Meritxell Bosch, quien ha reconocido que nunca había visto niveles de radiación tan altos, "y además, en zonas urbanas habitadas, donde no es nada habitual que se instalen antenas de tanta potencia de emisión, como son las de frecuencia modulada (FM)".

La situación es tan kafkiana que la administración puede controlar y sancionar a las emisoras legales, que pagan impuestos, mientras que las piratas, perfectamente identificadas, ya que muchas aparecen en páginas de internet para captar publicidad, no tienen ningún tipo de cortapisa, señalan desde la ACR. Y ponen como ejemplo a seguir el de Francia: "Allí no existe este tipo de emisoras, porque van por la vía de lo penal, por lo que el cierre siempre es fulminante y con sanciones importantes". No es el caso de España, donde todo el proceso va por la larga y tortuosa vía administrativa.           

"La solución sería tan sencilla como la de tener la voluntad de hacer cumplir la ley, que es lo que se le debe exigir a las administraciones", ha puntualizado Serentill, que también señala la voluntad de la ACR para participar en una comisión de coordinación para luchar contra esta ilegalidad. "Ahora existe la voluntad política de reformar  la ley del audiovisual de Catalunya, y sería el momento para incluir una serie de puntos que ayuden a luchar contra los piratas, como sería la protección activa del espectro (emitir un pitido en la frecuencia pirateada, mientras dure el expediente), sancionar a las empresas que se publiciten en emisoras ilegales y, también, perseguir a aquellas empresas del sector que les ofrezcan servicio técnico y de mantenimiento".