El Periódico

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Análisis

La pobreza adolescente en su jaula de hierro

Sábado, 10 de mayo del 2014

El 82% de los institutos públicos del país hacen ya la jornada continua o compactada. Es una medida reciente aplicada desde hace dos cursos. Nació como un acuerdo de mutuo interés entre los sindicatos docentes de secundaria y Ensenyament, pero con la negativa del profesorado de primaria. Detalle importante. A diferencia de otras autonomías, nuestro profesorado de primaria no acepta la jornada compactada. Hace bien.

Era en el 2012, en pleno contexto de mareas de protesta contra los recortes de la red pública. No hubo tiempo ni de copiar el conocido modelo finlandés y sus pausas largas entre asignaturas, que combina concentración y descanso con óptimos resultados. No hubo tiempo de planificar y comprometer con ayuntamientos y entidades del tercer sector un uso comunitario de los institutos por las tardes. Tampoco hubo previsión sobre el cierre de cantinas y comedores escolares para las familias más vulnerables que se iban a multiplicar con la crisis.

Sin abrir ese tiempo necesario de reflexión y sin debate cívico o mediático alguno, cada instituto fue votando la medida con el mayoritario voto a favor de las familias. Es la paradoja del voto cautivo o ciego de las familias en la secundaria y un buen ejemplo de como funciona la llamada micropolítica de la escuela. De hecho, en algún instituto se envió un e-mail para retornar el voto sin ninguna reunión previa de padres. Nos quejamos de la baja calidad democrática de las instituciones, pero su mal funcionamiento comienza en los espacios más próximos. Así la perpetuamos.

Una decisión tan importante se tomó sin presentar prueba alguna de sus ventajas para los alumnos y su aprendizaje ni de su impacto real sobre las desigualdades. Ningún sindicato de secundaria hizo campaña activa sobre sus consecuencias ni argumentó sus ventajas para el aprendizaje o para las familias más precarias. Lo paradójico es que la mayoría de esos sindicatos de secundaria dicen ser de izquierdas. Se ha extendido una medida que privilegia la conciliación familiar del profesorado y lo compensa por la pérdida salarial debido a los recortes.

Pero a costa de agravar las desventajas entre sus alumnos y estigmatizar a los que sufren pobreza severa. Con los comedores escolares cerrados, los enviamos a los comedores sociales y punto. Acabamos dando una salida asistencialista a lo que debería ser un servicio público renivelador e integrador. Luego los evaluamos y nos quejamos de su mayor fracaso y pobreza formativa. Y decimos que es por culpa de la desigualdad externa a la escuela y que hay que combatirla. Todo coherente.

Mucho se ha escrito y hablado sobre la malnutrición infantil detectada en las escuelas de primaria. Poco o nada sobre la situación en los institutos de la ESO, porque son el ángulo ciego y silenciado de la pobreza adolescente. La pobreza de los alumnos sigue encerrada en una jaula burocrática de administraciones, intereses gremiales y entidades asistenciales que van cubriendo los agujeros abiertos por nosotros mismos por consentirlo. Todo decepcionante.

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