La justicia reabre la investigación del accidente del Alvia para aclarar los fallos de la vía

La Audiencia Provincial de A Coruña ha ordenado en un contundente auto reabrir la instrucción del accidente del Alvia en Santiago de Compostela para aclarar si el gestor de la infraestructura, el ente público Adif, evaluó correctamente el riesgo que comportaba la curva de Angrois, el punto donde se produjo el siniestro.

Con esta decisión, la Audiencia corrige al juez Andrés Lago Louro, que cerró el sumario con el maquinista Francisco José Garzón Amo como único acusado del siniestro que el 24 de julio de 2013 se cobró la vida de 80 personas y se saldó con más de centenar y medio de heridos.

El auto se produce después de tres años de diligencias y de que la misma Audiencia revocara por dos veces la decisión del primer juez que instruyó la causa de imputar a varios directivos de Adif. Responsables que ahora podrían acabar en el banquillo de los acusados por una nueva decisión del los mismos magistrados. Esta vez lo ha hecho al estimar diferentes recursos de apelación, entre ellos los de los representantes de las victimas y del maquinista.

RIESGO DEMASIADO ELEVADO

Los magistrados de la Audiencia parecen dar la razón a las víctimas cuando sostienen que algunos de los informes periciales revelan la existencia de indicios de que en la curva en la que el tren descarriló se producía un riesgo de accidente por error humano de tal intensidad que, de haber sido evaluado, habría impuesto su minoración o eliminación. “Se han producido en la evaluación del riesgo deficiencias técnicas que han determinado que se autorizara la circulación de trenes sin adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir el riesgo de error humano para gestionar la reducción de velocidad en la curva”, apuntan en el auto.

El documento añade que “existen indicios de que el método aplicado por Adif, tanto como pauta general como en el caso investigado, presenta carencias que determinaron que no se apreciara el riesgo realmente existente y que se transfiriera o exportara al personal de Renfe sin evaluarlo ni adoptar medidas para comprobar que el riesgo se mantenía en niveles tolerables”.

UN ACCIDENTE CADA DOS AÑOS

Los jueces muestran su sorpresa ante una de la conclusiones de uno de los mencionados informes periciales. Concretamente el elaborado por Frans Heijnen, designado a propuesta de la aseguradora de Renfe,QBE. Éste estimaba en una cada dos años la probabilidad de que se produjera una catástrofe como la acontecida. "Una probabilidad de descarrilamiento que", de ser cierta, dicen los jueces, "causa estupor desde lo que cualquier ciudadano medio consideraría esperable".

La sala acuerda retrotraer la causa a la fase de las diligencias previas y ordena la ratificación y aclaración “de dos informes periciales”, así como de las pruebas que se consideren necesarias. Pide, en concreto, que se determine si “existió y era normativa y técnicamente necesaria una evaluación integral del riesgo de la línea que tuviese en cuenta la situación de peligro concretamente existente en la curva en donde se produjo el accidente”.

Otra de las cuestiones que el auto considera necesario aclarar es si es cierto, como afirma también el perito Heijnen, que "existía un consenso entre los técnicos sobre la necesidad" de instalar sistemas automáticos de protección en "las transiciones significativas de velocidad".

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