El Gobierno amenaza con "multas millonarias" a las autonomías que han vuelto a dar cobertura sanitaria a los simpapeles
Aragón, Valencia, Balerares y Cantabria consideran "inaceptables" las presiones y avisan que no atender a los inmigrantes pone en riesgo a toda la población
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha advertido a las comunidades autónomas que han devuelto la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.
"Si no se hace bien, las consecuencias pueden ser catastróficas", advirtió ayer el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, durante su comparecencia en el Congreso para detallar la partida de su departamento en los Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, los nuevos gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria anunciaron diferentes regulaciones para devolver a este colectivo el derecho a la tarjeta sanitaria que habían perdido en 2012 tras la reforma impulsada por la entonces ministra del ramo Ana Mato.
Normativa bajo estudio
El 'número dos' del departamento ha asegurado que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y como hacen con toda la normativa autonómica, está estudiando las normas impulsadas en cada comunidad para valorar si invade competencias estatales o vulnera la Constitución y, en ese caso, "el Estado tendría que actuar".
Moreno añadió que el "problema más grave" es que esas normas abren la puerta a reconocer el derecho de ser atendidos por la misma vía a todos los pacientes europeos "en lugar de buscarse sus seguros o tarjetas de sus países de origen", algo a lo que las comunidades no podrían negarse ya que "tendría consecuencias como país".
Moreno recordó que el Ministerio ya había negociado con los anteriores gobiernos autonómicos un sistema para ofrecer una asistencia sanitaria más completa a los inmigrantes en situación irregular (ahora solo pueden ser atendidos en urgencias, durante el embarazo y en edad pediátrica) a través de un documento con un código específico (no una tarjeta) que les permitiera recibir atención sanitaria.
Respuesta de las autonomías
Los cuatro gobiernos autonómicos afectados consideran “inaceptables” las amenazas del Gobierno y han negado que las órdenes que han aprobado permitan la atención de ciudadanos europeos bajo las mismas premisas impulsadas para los simpapeles, ya que en ellas se establece expresamente la exclusión de los pacientes que tengan acceso a cobertura sanitaria en su país de origen.
También recuerdan que el Consejo de Europa juzgó ilegal excluir a los simpapeles de la asistencias sanitaria en enero del 2014 y, además, consideran que no atender a los inmigrantes en situación irregular supone un riesgo para toda la población.
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