Un decreto ley para poner freno a los desahucios

Es de todos sabido que la crisis económica afecta con mayor intensidad y crudeza a determinadas capas de la sociedad, como también lo es que los beneficiarios de los sacrificios de los ciudadanos son las entidades bancarias, que reciben dinero público para sanear sus contabilidades; dinero que todos y todas hemos aportado con nuestros impuestos y con los sacrificios de una parte importante de la sociedad, la formada por las clases populares y medias, por no decir también para las pequeñas empresas, que se quedan sin el trabajo que garantiza el pago las deudas que se contrajeron en la fase de expansión de la economía.

Lo vivimos cada día con las cifras sobre los desahucios realizados por falta de pago (más de 37.000 en los primeros seis meses del año, y más de 48.000 procedimientos iniciados en el mismo periodo), así como con informaciones sobre personas que se quitan la vida, o lo intentan, por la situación de desesperación en que se pueden encontrar si pierden su vivienda.

Si esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones por entidades (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios, Cumbre Social) e instituciones (Parlament, Síndic de Greuges, y por el informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial que hace propuestas para proteger el deudor frente la ejecución hipotecaria), lo cierto es que desde el Gobierno no se ha abordado ningún tipo de solución real. El denominado código de buenas prácticas bancarias, instrumento al que casi la totalidad de estas entidades se han adherido y que se aprobó mediante el real decreto-ley 6/2012, verdaderamente ha sido un fracaso absoluto, pues se basa, por un lado, en la voluntad del banco y, por otro, en el desempeño de unos determinados requisitos demasiado exigentes para los deudores. Y, además, la refinanciación de la deuda que propone solo consigue alargar la situación precaria del deudor.

La respuesta a la situación actual no puede salir de las propuestas de los bancos, ni de su buena voluntad, sino que debería partir de los poderes del Estado con la modificación de la legislación hipotecaria que obligue a aceptar una salida negociada a la falta de pago mediante la regulación de la dación en pago de los particulares o de la transformación en contrato de arrendamiento, y, de cara al futuro, con una normativa que limite el endeudamiento de las familias, tal como está perfectamente regulado en nuestro entorno comunitario (Francia o Alemania).

Alguien podría poner reservas a la utilización de la vía del decreto ley para modificar el actual estado de las relaciones entre los particulares y los bancos, pero que esté tranquilo porque ya es hora de que se trate a los bancos, que han sido los máximos beneficiarios de la inyección de dinero público, con la misma dureza que a las familias que no pueden pagar la vivienda. El Gobierno, que ha aprobado más de 25 decretos ley en el 2012, no se ha contenido en ningún momento a la hora de utilizar este mecanismo cuando lo ha hecho para recortar derechos sociales a los ciudadanos.