En la calle por unos muebles

La PAH paró in extremis, en la puerta de su piso, en el paseo de la Zona Franca, el primer desahucio de Anita y su marido, ambos de 69 años, el 29 de enero del 2014. Desde entonces batallan para que la Administración les facilite una vivienda social, ya que tarde o temprano les llegará de nuevo una orden de lanzamiento puesto que viven en precario. Técnicamente son okupas en su propia vivienda, en la que viven desde hace 41 años, propiedad de los suegros de Anita hasta que la perdieron por una estafa que no han logrado demostrar.

Anita regenta un pequeño colmado en su barrio, la Zona Franca. Pese a su edad, el matrimonio no se puede jubilar porque tiene una deuda con la Seguridad Social que debería saldar para poder arreglar los papeles. Su marido padece un cáncer de colon y ella está tocada de los huesos, "además del sufrimiento de no saber cuándo van a volver a desahuciarnos", explica la mujer, uno de cuyos principales problemas es no conservar ningún papel que pueda demostrar ante la jueza, como tantos otros en el barrio -muchos, como ella, familiares de la presunta estafadora-, que fue víctima de un engaño.

Doble firma

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"Todo empezó en el 2007, cuando le pedimos a María Navarro, conocida de toda la vida y entonces pareja de un sobrino de mis suegros, 9.000 euros para que mi hijo amueblara el piso que se acababa de comprar", recuerda la mujer. "Nos pidió como aval nuestro piso, propiedad de mis suegros, y estos firmaron. Firmaron dos veces, porque les dijo que había habido un error con la primera firma", prosigue. El resultado de las firmas, prosigue Anita, como pudieron saber meses después, fue que el préstamo firmado no era uno, sino dos -uno por firma-, y no de 9.000 euros cada uno, sino de 90.000, con lo que debían 180.000 euros, la mitad a un banco, y la otra mitad a un prestamista. Fue este último el que inició el proceso de ejecución hipotecaria que casi acaba en desahucio en enero del año pasado.

«Lo hemos pasado muy mal. Además, mis suegros están enfadados porque se sienten engañados, claro. María Navarro a mí solo me dio los 9.000 que le había pedido para los muebles; del resto del dinero no sabemos nada. Solo que nos están a punto de quitar la casa», relata Anita, quien cuenta con el apoyo tanto legal como anímico de la PAH Barcelona, donde acude regularmente a las asambleas.

No es la primera persona que ha perdido o está a punto de perder la casa en la Zona Franca tras hacer tratos con María Navarro. «Hay decenas de afectados por esta mujer que se han juntado para denunciarla. El problema es que este tipo de estafadores trabajan muy bien, saben elegir bien a sus víctimas, siempre personas con pocos recursos, y atar muy bien las estafas; será difícil poder demostrarlo», apunta Susana Ordóñez, portavoz de la PAH Barcelona que coordina estos casos, quien recuerda otro sangrante en el barrio relacionado con María Navarro: el de Irene, una joven madre de tres hijos de 14, 7 y 4 años, a quien la PAH logró parar dos veces el desahucio, y que finalmente consiguió un piso social tras una larga protesta frente a la sede del distrito de Sants-Montjuïc (protesta que acabó con una multa de 3.000 euros a Pere Cuadrado, el abuelo de las manis, que finalmente le fue retirada por la presión social). «Lo que no queremos es que a Anita le pase como a Irene. Queremos que le ofrezcan una vivienda ya para evitar el mal trago del desahucio», concluye Ordónez. El juicio, suspendido en enero, se celebrará finalmente en otoño.