Jugando con fuego con la inmigración

Primera escena: Zaragoza, 15 de abril del 2010. El entonces ministro de Trabajo y exalcalde socialista de L'Hospitalet de Llobregat, Celestino Corbacho, acusa al alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), de proponer medidas contra los inmigrantes irregulares porque «tiene miedo» de que la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) «coja parte de su espacio electoral». Segunda escena: L'Hospitalet de Llobregat, diciembre del 2010. La alcaldesa, Núria Marín (PSC), propone negar los permisos de arraigo y reagrupación familiar a los inmigrantes incívicos. Iolanda Pineda (PSC), alcaldesa de Salt (Gironès), secunda la iniciativa.

Un destacado alcalde socialista, en privado, lo explica: «Algo hay que hacer porque la derecha ocupa nuestro espacio. Si no decimos nada, viene PxC y saca 3.000 votos». Y es que las dos escenas descritas reflejan la evolución política en materia de inmigración este año en Catalunya: un goteo de propuestas, a izquierda y derecha, que restringen los derechos de los inmigrantes y aumentan la presión sobre ellos. Es decir, sin que haga falta que PxC saque 3.000 votos la convivencia se resiente, los inmigrantes se sienten señalados y se corre el riesgo de legitimar el mensaje extremista.

«El buenismo con la inmigración se ha acabado. No nos tiembla el pulso para cerrar una mezquita o hacer la

ordenanza del burka», dice el alcalde

de Lleida, Àngel Ros (PSC). ¿Cuál es la causa de esta tendencia de la que Lleida es un ejemplo? La respuesta de políticos, sociólogos y entidades de inmigrantes es unánime: ante las próximas elecciones locales preocupa el éxito en las recientes autonómicas de ofertas beligerantes.

El pasado 28-N en L'Hospitalet y Salt -con porcentajes de inmigración del 22,7% y del 41,7%, respectivamente- PxC obtuvo porcentajes de voto superiores al 4%. En ambas localidades estaría a las puertas de obtener representación si repite este resultado.

EL INCIVISMO Este endurecimiento es descrito ácidamente por un destacado cargo municipal de CiU en el área metropolitana que prefiere mantener el anonimato: «Se acercan las elecciones y los socialistas son incapaces de decir a su electorado tradicional que los incívicos son sus hijos, no los inmigrantes». Este cargo local discrepa de las voces de su partido que aprueban la iniciativa de las alcaldesas

de Salt y L'Hospitalet, que califica de «escandalosa, racista, inaplicable e injusta». Y concluye: «Somos incapaces de hacer un discurso equilibrado entre el buenismo y la xenofobia».

El gran riesgo de esta operación política, como admite otro alcalde socialista, es que «estas políticas pueden generar un conflicto social si se endurece mucho el discurso. Tienes que saber hasta dónde tensar la cuerda». Es exactamente lo que advierte Nouredine, un joven marroquí que preside la Associació Catalana per l'Amistat i el Futur, del barrio de Ca n'Anglada de Terrassa, donde hay un 35% de inmigrantes: «A lo mejor se tensa la cuerda. Las decisiones políticas influyen en lo social. El rechazo a los inmigrantes ha crecido un montón en la calle, en las miradas, entre el vecindario». Fátima Ahmed, responsable de relaciones institucionales de la entidad Ibn Batuta, opina que «estas medidas buscan culpabilizar al inmigrante y pueden provocar que la sociedad tenga una percepción añadida: además de pensar que los extranjeros nos quitan el trabajo y no se

integran, ahora además son incívicos». Alfredo Cedeño, presidente de la federación de entidades ecuatorianas, añade: «No queremos que se nos use como moneda de cambio».

El sociólogo Xavier Bonal lleva meses advirtiendo de que esta táctica política puede generar tensión en una convivencia que la crisis ya está poniendo a prueba. «Son medidas que responden a la presión ciudadana». Varios alcaldes consultados explican que siguen vivas leyendas urbanas como que se conceden cochecitos gratis a las madres inmigrantes o que estos tienen prioridad en las guarderías.

Para Gabriel Colomé, director del Centre d'Estudis d'Opinió, el problema es que «Catalunya todavía no ha fijado los criterios básicos de su pacto cívico». Colomé interpreta que ciertas medidas son un mensaje para proteger al electorado tradicional de los partidos. «Si se hace de forma no populista ni demagógica no ha de generar problemas». Las elecciones locales y la convivencia serán el termómetro de esta táctica. Como concluye un edil: «Las líneas rojas que no debemos traspasar son frágiles. Debemos tenerlo en cuenta».