El municipalismo quiere mantener las medidas para garantizar el derecho a la vivienda

Una cincuentena de alcaldes y representantes del municipalismo catalán se han concentrado esta mañana delante de la Delegación del Gobierno para protestar por la resolución del consejo de ministros de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 24/2015.

Aunque no han conseguido reunirse con la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, sí han registrado las cincuenta cartas que han enviado municipios de todo el territorio y todos los partidos excepto el PP.

Junto a las cartas, que avisan al Gobierno español que seguirán atendiendo a los afectados por la posible suspensión de la ley, se han puesto en manos de la secretaria general de la Delegación del Gobierno instancias en las que se pueden contar hasta 5.152 expedientes relacionados con la aplicación de la ley.  

De esos, 2.101 expedientes se registran en L’Hospitalet, 852 en Santa Coloma de Gramanet, 680 en Barcelona, 200 en Sabadell, 86 en Badalona y 78 en Cerdanyola, citando algunos de los municipios que han contado con representantes en la concentración.

En este sentido, el alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, ha manifestado que “estamos aquí no solo para defender una ley, sino por todo lo que hay detrás de la aplicación de la misma y las miles de personas que están pasando por muchas dificultades para sobrevivir. El Gobierno español quiere igualar la miseria, nosotros hemos venido a decir que con esta ley podríamos trabajar para igualar la dignidad”.

Ante la suspensión, Fernàndez ha querido hacer énfasis en que “la decisión de impugnar la Ley 24/2015, no supone solo impugnar o modificar una legislación vigente y legítima del Parlament de Catalunya, la cual fue aprobada por unanimidad, sino que lo que se está impugnando son algunos de los derechos fundamentales de los catalanes: el derecho a la vivienda y el derecho a una vida digna”.

Por su parte, la alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Marín, lamenta que un Gobierno en funciones haya tomado una decisión que afecta “aproximadamente unas 40.000 personas”. Añade que “en L’Hospitalet tenemos 2.101 expedientes en trámite que comunicaremos a la delegación del Gobierno Español para que haga entender al ministerio y al presidente que esta iniciativa que, para ellos, seguramente es uno más de los recursos que han presentado en los últimos años, no va en contra de los Ayuntamientos ni de la Generalitat, sino de los ciudadanos que peor lo están pasando”.

En este mismo sentido, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha señalado que esperan una respuesta por parte del Gobierno español delante del alud de críticas que ha significado el recurso contra la Ley por parte del municipalismo. “No puede ser que un Gobierno en funciones tome una decisión tan anómala, con efectos tan devastadores, y no de explicaciones. Por eso, le pedimos que reconsidere su postura y que tenga en cuenta que debe responder ante la ciudadanía afectada”, ha recalcado.

Por su parte, el presidente de la Associació Catalana de Municipis y alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, ha advertido al Estado que los Ayuntamientos “no toleraremos ni dejaremos que ninguna familia, por mucha ley que lo diga, vaya a vivir bajo un puente”. Según Buch, “la única línea roja para los alcaldes son las personas, especialmente  las más vulnerables”.

En representación de la Federació de Municipis de Catalunya, Lluïsa Moret, ha destacado la necesidad de una respuesta “integral e interinstitucional urgente”.

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