Críticas de la oposición
Aprobada la primera Ordenanza de Civismo en Sabadell, que prevé multas hasta los 3.000 euros por ruido y 'botellones'
Las sanciones oscilan en función de su gravedad y la reincidencia entre los 100 y los 3.000 euros
CONTEXTO | "Sabadell no es el ‘Far West’": aprobada la primera ordenanza de Civismo local
Clàudia Mas
Periodista especializada en el Vallès. Aprendí en el diario digital iSabadell y he trabajado en medios de prensa de información local como el Diari de Sabadell y de Bellaterra, así como en redacciones de escala catalana, como VilaWeb. Me he acercado a la política sabadellense codirigiendo el documental 'Els Residus del Mercuri'.
Un año después de su aprobación inicial, y tras modificarla con las 184 alegaciones aceptadas (representan un 70% del total), el Ayuntamiento de Sabadell (Vallès Occidental) ha ratificado definitivamente la Ordenanza de Civismo y Convivencia.
Esta aprobación ha contado con el respaldo del gobierno municipal, constituido por una mayoría absoluta del PSC y Junts, y el PP.
"Las cifras denotan que es una Ordenanza muy participativa, pero queremos que sea útil", ha explicado el teniente de seguridad, Adrián Hernández (PSC), quien ha presentado la nueva normativa municipal durante el Pleno municipal celebrado este 22 de abril en el consistorio vallesano.
La ordenanza impone cerca de cuarenta tipos de sanciones, enfocándose principalmente en dos áreas "nucleares", calificadas así por Hernández: el ruido en viviendas privadas y en la vía pública (a partir de las 21 horas), y el consumo de alcohol en lugares públicos, comúnmente conocido como 'botellón'. "Sabadell es una ciudad segura, y esta herramienta nos ayudará a promover una convivencia más cívica. Hemos recibido numerosas quejas por actos incívicos. Aunque con respecto las otras ciudades metropolitanas, en Sabadell estamos bien", ha destacado Hernández.
Las multas variarán según la gravedad de la infracción (leve, grave o muy grave) y la reincidencia, oscilando entre 100 y 3.000 euros. Por ejemplo, una pintada o grafiti en una propiedad privada o en una instalación municipal sin autorización se considerará una falta leve. A modo de ejemplo, si un vecino de la ciudad hace una pintada o un grafiti (tanto en una vivienda como en un equipamiento municipal) sin la correspondiente autorización será multado generalmente alrededor de 400 euros (el importe fluctuará entre los 100 y 600 euros). En cambio, si la infracción se realiza en un edificio protegido según el Plan Especial de Protección del Patrimonio de Sabadell, la multa será considerablemente mayor, alrededor de 1.100 euros, con un rango de 751 a 1.500 euros.
Un punto de controversia ha sido la sanción de hasta 1.500 euros por solicitar dinero en la calle, considerada una falta grave. "Esto deja margen para intervenciones arbitrarias por parte de la policía, como ser multado por pedir dinero o la posibilidad de que la alcaldesa emita órdenes específicas sobre el comportamiento en el espacio público (...). Se impone el relato del miedo", ha denunciado Oriol Rifer, concejal de La Crida per Sabadell, siendo el grupo más crítico con la normativa. Gabriel Fernández (ERC), el portavoz republicano, ha secundado esta postura añadiendo, "no es nuestra ordenanza, ni refleja nuestro enfoque; preferiríamos una normativa que fomente más el civismo y la convivencia, en lugar de limitarse a regular". En esta línea, también se ha mostrado crítico, el portavoz de los Comuns, Joan Mena que la ha tildado de "punitivista".
Adicionalmente, la nueva normativa se acompaña de un incremento en el cuerpo de la Policía Municipal, con 30 agentes adicionales, y un aumento en el número de cámaras de videovigilancia en la ciudad. Otras sanciones que acoge la normativa es el consumo de bebidas alcohólicas y drogas si se altera la convivencia del vecindario, lavarse o limpiar ropa donde "pueda contaminar el medio", la desobediencia a los requerimientos de la Policía Municipal, las conductas de agresión a menores o la exhibición de banderas o pancartas "que fomenten el odio y la discriminación".
La Ordenanza ha sido modificada con aportaciones de diversos grupos de la oposición -principalmente ERC, La Crida per Sabadell y los Comuns- así como de agentes sociales, institucionales y económicos de la ciudad, incluyendo la Cámara de Comercio, comerciantes, vecinos, el Gremio de Fabricantes, la Cruz Roja, ActuaVallès, el Ilustre Colegio de la Abogacía y la anterior sindicatura municipal de agravios.
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