El caso Mercuri cumple un año a la espera de terminar la instrucción y de varios juicios

El 27 de noviembre de 2012 estallaba en <strong>Sabadell</strong> el 'caso Mercuri', generando una gran conmoción en la ciudad. La entrada y registro por parte de los Mossos en el Ayuntamiento de la capital vallesana destapaba una presunta trama de corrupción urbanística y otras irregularidades en la que estarían involucrados el ex alcalde de la ciudad Manuel Bustos, su hermano y regidor, Paco Bustos, el ex secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, y la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, entre otros.

El día terminó con 12 detenidos, que quedaron en libertad, y 26 imputados. El caso se ha dividido en 31 piezas, que aún se instruyen, y el fiscal considera que hay indicios suficientes para juzgar a la mayoría.

Según la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba desde febrero de 2010, los implicados en la trama de corrupción urbanística exigían como condición 'sine qua non' 120.000 euros como depósito a fondo perdido para acceder con ventaja a las contrataciones públicas.

Esta cantidad, que podía variar en función del presupuesto de la obra, se repartía entre funcionarios y políticos involucrados en los hechos, según sostiene la fiscalía.

Además, una vez finalizada la obra, las dos partes tenían un pacto implícito y apalabrada la entrega en un despacho de abogados de un 3% del presupuesto final en dinero negro.

Como consecuencia del estallido del caso, Manuel Bustos se retiró momentáneamente de la alcaldía de Sabadell, con la intención de volver a ella cuando la tormenta esparciera. Así, el 4 de diciembre, Bustos nombró Joan Carles Sánchez como alcalde accidental. La oposición pidió en todo momento la dimisión definitiva de Bustos, que finalmente llegó el 14 de febrero.

Además de Bustos, también fueron imputados varias personalidades de su entorno: el teniente de alcalde de Urbanismo de la ciudad, Joan Manau; el concejal de Sostenibilidad, Ricard Estrada; la esposa de Bustos, Montse Costa; el vicepresidente de la compañía de aguas municipal o el jefe de la Policía Local de Sabadell.

Oposición política y sociedad civil como acusación popular

El caso provocó y sigue provocando muchísima indignación en Sabadell, donde partidos políticos de la oposición y movimientos sociales se agruparon en torno a la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, la cual pidió formalmente ante el juez ser acusación popular.

La portavoz de esta plataforma, Mariona Bracons, valora con "altibajos" el primer año del 'caso Mercuri'. Bracons ha explicado que en un primer momento hubo una gran movilización ciudadana pero que ésta perdió fuerza rápidamente porque los ciudadanos tuvieron en seguida la sensación de que "no podían hacer nada para cambiar las cosas".

Ahora asegura que se ha abierto una tercera fase en la cual la plataforma ha vuelto a tomar protagonismo gracias a la colaboración de Associació Lliure d'Advocats i Advocades de Catalunya (ALLAC) para convertirse en acusación popular.

Bracons lamenta que este proceso se esté alargando ya que la petición para ser acusación popular se presentó en septiembre y ha defendido que no debería establecerse ninguna fianza y ha recordado que su voluntad es "ayudar a esclarecer los hechos".

La portavoz ha vuelto a mostrar su decepción porque no fuera el consistorio sabadellense quien decidiera ejercer esta acusación ya que ha considerado que son ellos los que tienen el conocimiento desde dentro del ayuntamiento y podrían colaborar más eficientemente con la justicia. 

"Ellos dirán que no es necesario porque la justicia ya está haciendo su proceso pero a un juez o un fiscal de fuera que no conoce la ciudad se le pueden escapar cosas", declara.

También ha criticado que el exalcalde de la ciudad, Manuel Bustos, mantenga su acta de concejal y ha denunciado que "cobra más de 100.000 euros anuales que salen del trabajo diario de los ciudadanos". "Alguien que tiene imputaciones tan fuertes, como mínimo por dignidad debería retirarse de la administración pública", ha declarado.

Sabadell Lliure de Corrupció prepara movilizaciones de cara al próximo miércoles 27 de noviembre, cuando hará justamente un año que estalló el caso.

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