Agilizar la justicia

La justicia penal es lenta, no es igual para todos, y no siempre es eficaz. En Catalunya hay casos de corrupción política pendientes de procesos iniciados hace años, cuyo final no se vislumbra. Estos grandes procesos de corrupción política y económica parecen no avanzar, entre trabas y dificultades. Los investigados tienen derecho a plantear interminables recursos y pruebas dilatorias, y lo hacen.

En muchas ocasiones las instituciones oficiales en las que los políticos corruptos cometieron los hechos investigados les respaldan dificultando la obtención de las pruebas documentales. Por esa razón se han tenido que generalizar los registros ordenados judicialmente en ayuntamientos y otras instituciones. Las corporaciones financieras españolas o internacionales frecuentemente proporcionan a los jueces datos incompletos y con retraso, y los paraísos fiscales nada, nunca. La rigidez de un sistema procesal decimonónico, la sobrecarga de trabajo de los juzgados, la insuficiencia de medios y los defectos tradicionales de la burocracia judicial completan el cuadro de la lentitud.

La opinión pública, razonablemente, se escandaliza y exige soluciones. Algunos claman por la peligrosa, inaceptable e inútil limitación de las garantías procesales. Otros proyectan reformas legales ágiles y garantistas similares a las de otros países europeos, sistemáticamente desatendidas por el Gobierno de Rajoy. Este, simplemente, promovió una reforma legal que lleva el pomposo título de 'Reforma para la agilización de la justicia penal'.

UN PLAZO PARA LA INVESTIGACIÓN

El invento principal de la nueva ley es poner un plazo para la investigación. Si el asunto es complejo, como lo son los casos de corrupción política, su investigación deberá estar concluida en 18 meses, con posibilidad de prórroga que decide el juez a petición del fiscal. Todo el mundo sabe que no se pueden superar las dificultades y trabas con que tropieza la investigación en esos plazos tan limitados. Después ya no caben nuevas pruebas y así la acusación queda mal armada para el juicio.

La pomposa ley de agilización no aporta reformas que den fluidez y celeridad a esta parte principal del proceso. Los recursos posteriores al juicio seguirán aplazando interminablemente la fecha de cumplimiento de la condena. La sentencia firme y definitiva dependerá de los tiempos, nunca vertiginosos, del Tribunal Supremo y a veces del Constitucional. A todo ello hay que añadir, tristemente, la inoperancia práctica de la justicia para recuperar el dinero que los grandes defraudadores guardan en los numerosos paraísos fiscales que son parte del sistema internacional de impunidad de ese tipo de delincuentes gravemente antisociales.

Por todo ello parece que la reforma legal de Rajoy no conseguirá la agilización de la justicia. Simplemente, estrangula la investigación judicial manteniendo intactas las claves para evitar o aplazar la sentencia definitiva y su cumplimiento efectivo. Será necesario preguntarse: ¿a quién beneficia?