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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Detenido Ignacio González por irregularidades en el Canal de Isabel II

El juez Velasco ordena 12 arrestos y cita a los primeros imputados

La 'operación Lezo' perjudica a Cifuentes, aunque acudió a Anticorrupción

El ex vicepresidente era trasladado de madrugada a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil.

EFE / ATLAS VÍDEO

El ex vicepresidente era trasladado de madrugada a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil.

ÁNGELES VÁZQUEZ / PATRICIA MARTÍN / MADRID

Miércoles, 19 de abril del 2017 - 09:37 CEST

Su ático en Marbella, las imágenes en las que se le veía con bolsas de plástico en Cartagena de Indias (Colombia), el espionaje madrileño del PP y las sospechas que en el 'caso Púnica' ya generaba el Canal de Isabel II llevaban tiempo acorralando al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Este miércoles fue detenido por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en un nuevo procedimiento en el que se investiga el desvío de fondos públicos de la empresa de gestión del agua en beneficio propio.

Unas pesquisas que llevaban tiempo fraguándose. Anticorrupción las inició en octubre de 2015, aunque no las judicializó hasta julio del 2016, una vez que el ejecutivo madrileño presidido por Cristina Cifuentes llevó al ministerio público documentación sobre las irregularidades detectadas. Pese a esa actuación contra la gestión de su propio partido, hace apenas un mes la oposición en pleno denunció el quebranto patrimonial que supuso para el Canal de Isabel II la compra de la sociedad Emissao Engenharia e Construçao.

Tras conocer el arresto de González, esa misma oposición amenazó a Cifuentes con una moción de censura, aunque con una rapidez poco frecuente en el PP se procedió a suspenderle de militancia. La que no se ha pronunciado sobre el enésimo golpe judicial al partido de Mariano Rajoy ha sido quien fue jefa de González, Esperanza Aguirre, aunque este jueves podrá remediarlo en el juicio del 'caso Gürtel', donde esta citada como testigo.

La denuncia de los partidos sostenía que la compra de la empresa brasileña se habría llevado a cabo en el 2013 a través de un complejo entramado financiero, cuando González presidía la comunidad y Salvador Victoria, el Canal. Se pagaron 21,4 millones de euros y medio año después su valoración fue de cinco. En su querella, Anticorrupción considera que los hechos imputados son constitutivos de los delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

UN HERMANO Y EXRESPONSABLES DEL CANAL

Además de a Ignacio González, la Guardia Civil ha detenido en la 'operación Lezo' -llamada así por Blas de Lezo que defendió Cartagena de Indias frente al asedio inglés- a 11 personas. Una es el hermano del expresidente madrileño Pablo González, director de Estrategia y Operaciones de la empresa pública Mercasa, pero al que se vincula con las obras del campo de golf construido en terrenos del Canal de Isabel II adjudicadas a ACS.

También ha sido detenido Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue presidente de la filial sudamericana del Canal, Inassa, hasta su destitución al aparecer en los 'papeles de Panamá'. Actualmente es consejero delegado de la editora de 'La Razón'. Otros arrestados han sido la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmon, a una persona en Colombia y otra en Brasil, cuya extradición a España ha sido ya solicitada, y José Martínez Nicolás, exmáximo responsable de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrfid (ICM), y que supone otra conexión entre esta nueva causa y Púnica.

Cuando acabó las diligencias en la Comunidad de Madrid, el juez asistió a la presentación de un libro que acaba de publicar y se refirió a la operación. "Estoy cansadísimo, porque acabo de terminar. Son operaciones complicadas, pero no podemos interrumpir este acto por el trabajo", aseguró.

OPERACIONES COORDINADAS

Este miércoles se produjo un hecho inédito en la Audiencia Nacional: dos jueces se coordinaron para no solaparse y poder desarrollar el mismo día sendas operaciones contra la corrupción. La otra era del juez José de la Mata, que ha imputado a una decena de personas por las irregularidades cometidas en Angola por la empresa pública Mercasa Incatema mediante la construcción de un mercado mayorista en Angola.

Se trata de una pieza separada de Défex, en la que se investiga la venta de armas por esta empresa pública en ese país. Fuentes jurídicas señalaron que en concreto se indaga sobre el contrato de más de 500 millones de dólares firmado en Angola para la construcción del mercado mayorista. Los delitos investigados son corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal.