La jueza archiva la pieza política de los cusos de formación en Andalucía

El juzgado 6 de instrucción de Sevilla ha dado orden de archivar la causa contra una veintena de exaltos cargos públicos de la Junta de Andalucía al entender que tras el supuesto fraude de los cursos de formación para el empleo no hay más que "irregularidades administrativas", por lo que los exresponsables políticos no cometieron delitos de prevaricación o malversación. La jueza, como ya hizo en septiembre la Fiscalía Anticorrupción, entiende que no se ha producido una "red clientelar", y considera poco significativo que de las 18.000 empresas o entidades beneficiarias solo 39 tuvieran relación con el PSOE, partido que gobierna la Junta.

La decisión de la jueza se refiere solo a la considerada pieza política del caso, que afectaba a 24 exaltos cargos de la Administración como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los delegados provinciales de este departamento o miembros del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Sin embargo, choca con las consideraciones de otros juzgados provinciales, como Huelva, que sí han considerado constatado el fraude  tras hallar facturas infladas o por conceptos disparatados o irreales. En este caso, sí se ha apuntado a la responsabilidad de la Junta por "acción u omisión" en el control de estos fondos públicos.

SIN DIRECTRICES

Mientras esos procedimientos contra empresas concretas siguen su curso --hay una veintena de causas abiertas en toda la comunidad por este asunto--, la pieza principal, que hace referencia a la connivencia de la cúpula del Gobierno regional para hacer la vista gorda y traza paralelismos con el 'caso ERE' en cuanto al descontrol de los fondos destinados al empleo, se ha desinflado. Al contrario que la jueza que inició el caso, Mercedes Alaya, la actual instructora ha seguido el criterio de Anticorrupción y entiende que no se puede hablar de una "red clientelar" para el reparto de los fondos públicos en determinados entramados empresariales afines a los socialistas.

Así, subraya que "no se ha constatado la existencia de instrucción alguna en este sentido, ya sea verbal o escrita", para que los funcionarios encargados de tramitar las subvenciones escogieran como beneficiarios a "aquellos que consideraban afines al partido" y que, por tanto, habría participado de la trama. La jueza critica el papel de la acusación particular del PP, cuyo examen de la supuesta trama carece, dice, del "más mínimo rigor". Y reprocha a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el "error del que se parte" al señalar que "una subvención no está justificada" o falta documentación. "No todas las subvenciones que dice la UCO no estar justificadas efectivamente no lo están", abunda la magistrada, pero "el fraude no es sinónimo de prevaricación o de malversación, el menoscabo de fondos públicos tampoco".

Pese a que el juzgado no haya hallado indicios de una supuesta prevaricación desde la Junta de Andalucía, otros juzgados sí han podido detectar pequeños fraudes. De hecho, la propia Administración reclama 90 millones de euros en firme en conceptos de subvenciones a la formación que no han sido justificadas debidamente. 

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"El origen del 'caso Edu'","text":"El supuesto\u00a0fraude de la formaci\u00f3n\u00a0salt\u00f3 a la luz en primavera del 2004, cuando fuentes policiales deslizaron la investigaci\u00f3n de un supuesto fraude multimillonario en los casi 3.000 millones de euros que Andaluc\u00eda destin\u00f3 a la formaci\u00f3n para el empleo, una de los\u00a0principales problemas de la regi\u00f3n,\u00a0entre el 2007 y 2012.\u00a0Varias operaciones policiales con detenidos, en el marco del denominado 'caso Edu', pusieron al descubierto que algunas empresas incumpl\u00edan los\u00a0compromisos de contrataci\u00f3n\u00a0de los estudiantes,\u00a0falseaban\u00a0los\u00a0listados de alumnos\u00a0o, directamente,\u00a0no impart\u00edan los cursos. Otras empresas se creaban ad hoc para recibir los fondos, dado que el grueso del dinero se recib\u00eda al ser aceptada la solicitud, y desaparec\u00edan antes de tener que justificar la celebraci\u00f3n de la actividad para recibir el resto. Asimismo, se desvelaron factura infladas, irreales o por conceptos disparatados. El supuesto fraude lleg\u00f3 incluso al Parlamento regional, cuyos grupos trabajan ahora en las conclusiones de la\u00a0comisi\u00f3n de investigaci\u00f3n\u00a0que tiene que depurar las responsabilidades pol\u00edticas."}}