Las administraciones dan por cierto que Millet financió a Convergència

El Consorci del Palau de la Música -un organismo participado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura- requirió ayer al juez Juli Solaz, que investiga el expolio del auditorio por parte de su antiguo equipo directivo, que cite a declarar como imputado a Daniel Osàcar, responsable de finanzas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), por el presunto cobro de comisiones millonarias procedentes de la constructora Ferrovial, una operación en la que la institución cultural fue utilizada como tapadera. La acusación particular también reclama la declaración como imputado, pero a título lucrativo, de Àngel Colom, secretario del área de inmigración de CDC, quien percibió del entonces presidente del Palau, Fèlix Millet, 12,5 millones de pesetas (75.126 euros) que utilizó para pagar deudas del extinto Partit per la Independència (PI).

El consorcio se suma así a la petición de la Fiscalía de Barcelona, que a principios de este mes solicitó la imputación de los dos altos cargos convergentes en una pieza separada de la investigación principal. Sin embargo, se ha producido una sorpresa en el proceso: las otras dos patas de la entidad, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música (recoge fondos para actividades) y la asociación Orfeó Català (se encarga del coro y es la propietaria del edificio), que ejercen también de acusación particular, presentaron el viernes un escrito en el juzgado en el que se oponen a la pieza separada y solo solicitan que se investigue la presunta apropiación de fondos por parte de Millet; su mano derecha, Jordi Montull, y la hija de este, Gemma Montull, pero no hacen mención a Ferrovial ni a las presuntas comisiones que cobraron personas vinculadas a CDC.

CAMBIO DE RUMBO / Este giro radical está vinculado a dos procesos electorales: el del Palau, que celebra elecciones el día 24, y los autonómicos del día 28. La junta interina de la fundación es la que ha impulsado el escrito, sin consultar al patronato. El Orfeó pide, asimismo, la imputación de Rosa Garicano, exdirectora general del Palau, así como que Millet, Montull y la hija de este garanticen responsabilidades por valor de 47 millones de euros o que les sean embargados sus bienes.

En cambio, el consorcio recoge en su escrito el informe de los peritos de Hacienda sobre la «posible utilización del Palau para vehicular fondos aportados por Ferrovial-Agromán por la adjudicación de obras públicas». El dictamen de la Agencia Tributaria detalla que se ha llegado «a la conclusión de que el grueso de las aportaciones de Ferrovial no constituye la contribución al patrocinio publicitario, sino que tiene otra finalidad, la contraprestación correspondiente por la adjudicación de obras públicas, siendo utilizado el Palau para canalizar los pagos».

Así se deduce de los documentos hallados en el auditorio que vinculan los pagos que hace la constructora al Palau con la adjudicación de proyectos (la línea 9 del metro, la Ciutat de la Justícia y un pabellón municipal en Sant Cugat). La presunta comisión se cuantifica en el 4% del presupuesto de los trabajos.

El consorcio también solicita que en esta investigación paralela sobre el presunto cobro de comisiones por parte de políticos declaren como imputados Pedro Buenaventura, que fue directivo de Ferrovial y que aparece como el enlace entre la constructora y Millet, y los administradores de las empresas New Letter, Letter Graphic, Hispart y Altraforma. Dichas sociedades cobraron del Palau y, según la acusación, no trabajaron para la entidad. Sí lo hicieron para CDC y la Fundació Trias Fargas (hoy CatDem), vinculada al partido nacionalista y que percibió más de 600.000 euros de fondos del Palau.

MALVERSACIÓN / Además, el consorcio pide la imputación del consejero delegado de la ingeniería GPO, que supuestamente también aportó dinero. Y respecto a la apropiación de fondos por parte de Millet y Montull,

solicita una nueva declaración de los exdirectivos y de la de la secretaria del primero, Elisabeth Barberà. El escrito insiste en que los imputados pueden haber cometido también un delito de malversación de fondos (el consorcio es una entidad pública) y fraude de subvenciones.