Lo que ya dijo Homs

En febrero de este año el actual conseller de Presidencia y principal estratega de CDC, Francesc Homs, hacía estas declaraciones en la COPE: "Consultar al pueblo de Catalunya no genera una situación jurídica nueva, sino que permite conocer la opinión que tiene". Y añadía que la voluntad expresada se debía "gestionar" y en todo caso negociar con el estado para implementar el resultado, modificando todas las leyes que fueran necesarias "incluida la Constitución". Esto, que provocó un terremoto político en Catalunya y que Homs tuvo que matizar, es ahora el as que el President Mas guardaba en la manga para intentar esquivar el veto legal del TC.

El decreto de convocatoria firmado el sábado determina que la consulta será para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el futuro político de Catalunya, "con el fin de que la Generalitat pueda ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa legal, política y institucional que le corresponde ". Es paradójico que, al final, preguntar sobre la independencia de Catalunya pueda ampararse en la capacidad de la Generalitat de proponer una reforma constitucional. Lo cual no significa que se tenga que llevar a cabo. Esta es la interpretación de los juristas de Palau -inspirada claramente en el proceso quebequés-, y que permite consultar a los ciudadanos de Catalunya de forma totalmente legal dentro del marco constitucional.

El derecho a decidir

La pasada sentencia del TC contra la declaración de soberanía del Parlament negaba por unanimidad que Catalunya fuese un sujeto político soberano. Ahora bien, el tribunal afirmó que el derecho a decidir es una "aspiración política susceptible a ser defendida en el marco de la Constitución".

Esta jurisprudencia no debe ser papel mojado. El levantamiento de la suspensión cautelar de la ley de consultas y el decreto de convocatoria -la suspensión será automática cuando el TC admita a trámite el recurso del gobierno español- o una sentencia favorable a la parte catalana permitiría resolver de forma pactada el conflicto democrático que tiene todos los focos ocupados. Votar es la solución. Es la última oportunidad antes de izar las velas, una vez parado el motor del barco, en palabras de Mas; la última antes de abocar Catalunya a unas elecciones anticipadas, plebiscitarias, con un desenlace incierto.

Racionalidad en las decisiones

Recientemente el TC dirimió sobre un conflicto de competencia presentado por la Generalitat sobre la acreditación de personal docente contratado por las universidades. El gobierno catalán denunciaba la invasión en este ámbito de la agencia de evaluación estatal ANECA, ya que habría intervenido en un procedimiento reservado a la Generalitat.

El TC no dio la razón al gobierno catalán pero la vicepresidenta del tribunal, Adela Asúa, hizo un interesante voto particular. Discrepó de la opinión mayoritaria y aseguró que se ofrecía una argumentación poco rigurosa para justificar la intervención del estado en un ámbito en que su parte ejecutiva está reservada a las comunidades autónomas. "Lo que más me preocupa no es el mayor o menor acierto de esta sentencia, sino el déficit de rigor jurídico-constitucional que viene manifestándose en los últimos tiempos en la jurisprudencia del tribunal que resuelve cuestiones competenciales”, dijo Asúa. Así pedía buscar el mayor grado de "racionalidad" posible en las decisiones. Y esto se hace, según la magistrada, manteniendo, revisando o adaptando la propia jurisprudencia.

Ahora es momento de trasladar esto a la realidad. En la próxima decisión del tribunal debe imperar la racionalidad: no intervenir en el 9N y permitir la consulta. Los doce magistrados o al menos una parte de ellos deberían ser capaces de mirar atrás y apuntar el camino que ya dibujó la Corte Suprema de Canadá en su momento. En este caso la votación no sería tolerada ni por el PP ni por el PSOE, lo que les ahorraría su condena electoral, y el TC dejaría de ser una parte más del ejecutivo y adoptaría realmente el papel que debe ejercer: ser árbitro.