El proceso y la ley

Desde que se anunció la candidatura independentista única o unitaria para el 27-S -que no es única ni unitaria- ha vuelto el debate sobre si las actuaciones de la Generalitat se ajustan o no a la ley. Tanto el presidente del Gobierno como el Rey han recordado que cualquier actuación política debe estar sometida a la ley. Felipe VI fue muy explícito: «Respetar la ley es la fuente de legitimidad y la exigencia ineludible para una convivencia democrática en paz y libertad», dijo ante el president Artur Mas. Y añadió: «El respeto a la ley nunca ha sido, ni es, ni debe ser, un simple trámite, una mera formalidad, una alternativa». La alusión era inequívoca, dirigida a desmontar las disquisiciones entre legalidad y legitimidad y el uso instrumental de la ley según convenga, prácticas en las que es un experto Francesc Homs.

Mas respondió: «Nosotros nunca nos hemos saltado la ley». Parece increíble que el president siga diciendo tal cosa cuando su partido ha firmado una hoja de ruta en la que se afirma que «el proceso de transición democrática no quedaría en ningún caso supeditado a la vigencia jurídica o a eventuales impugnaciones de esta declaración», refiriéndose a la declaración soberanista que iniciará el proceso en caso de victoria electoral del independentismo. ¿Es legal ese inicio solo con una mayoría de escaños cuando eso niega la categoría de plebiscito que se reivindica, ya que no se aplica la máxima de un hombre un voto, porque los votos no valen lo mismo? ¿Es legal la declaración unilateral de independencia?

Mas ha defendido siempre que el proceso era legal, pero todas las actuaciones han sido anuladas por el Tribunal Constitucional, desde la declaración de soberanía del 2013 hasta la ley de consultas o los preparativos del 9-N. ¿A quién se pretende engañar? ¿No sería más consecuente asumir que para conseguir lo que se pretende no hay otra salida que romper la legalidad?