A la infanta no le tocó la lotería

La cantinela de números y premios de la lotería no era a lo que una regia imputada y su familia estaban ayer atentos. Oyeron de la voz nada infantil del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma que la infanta Cristina de Borbón y otros 16 imputados se sentarán irremisiblemente en el banquillo cuando, un día del año próximo, la Audiencia de Palma abra el juicio oral por el caso Nóos, es decir, una de las 25 piezas que integran el supercaso Palma Arena, que tienen como principal protagonista al expresidente balear Jaume Matas -a la sazón ejemplar modelo a imitar, según Mariano Rajoy-, protagonismo aquí compartido con el matrimonio Urdangarin-Borbón.

La infanta se sentará en el banquillo, como mínimo, hasta finalizar las denominadas cuestiones previas. En ese momento, ya en la sala de vistas, las partes suscitan ante el tribunal una serie de temas que afectarían en todo o en parte a la validez del juicio: pruebas ilegítimas, pruebas denegadas o, como harán la defensa de la infanta y el ministerio fiscal, falta de legitimidad de la acusación popular para ejercer la acción penal en su contra. Se servirán de la peculiar doctrina Botín, que restringe el derecho constitucional del ejercicio público de la acción penal. Con esta doctrina, el Tribunal Supremo, de modo sorpresivo, expulsó del juicio contra el difunto presidente del Banco Santander a la acusación popular. Entendió, de modo más que extravagante, que no procedía tal acusación si el titular del interés no acusaba. Dejando de lado que en materia penal la jurisprudencia no es vinculante, y dejando de lado que en alguna medida se rectificó con la llamada doctrina Atutxa, la doctrina del Supremo lleva al absurdo de que en un delito público como es, se mire por donde se mire, el delito fiscal, la persecución quedaría en manos de la Abogacía del Estado, privatizándolo de hecho. Y la infanta está acusada de cooperación en delito fiscal.

Trama extractora

Asistiremos sin duda a un vivo debate. Pero este debate no podrá tapar un acontecimiento capital: la infanta Cristina será el primer miembro europeo de una casa real reinante que se sentará en el banquillo por un delito común. Esta enorme tacha, que socava la pretendida ejemplaridad de la Corona como legitimación de la institución, se ve agrandada porque, en todo caso, la infanta es objeto de imputación como responsable civil a título lucrativo (beneficiarse del delito sin haberlo cometido), imputación que efectúan el ministerio fiscal (sobre los 600.000 euros) y la acusación popular (más de dos millones de euros).

El caso Nóos es una trama extractora sin miramientos. En parte eso ya ha sido aceptado por alguno de los coimputados y no es descartable que se sume alguno más, con la consiguiente minoración sustancial de penas y el debilitamiento de quienes sigan en el proceso clamando por su inocencia. Mal asunto.