El equívoco de la ley electoral

Parece que esta vez hay bastantes posibilidades de que CiU y PSC se pongan de acuerdo en sacar adelante la ley electoral. Durante 34 años ha sido imposible porque los intereses de ambos resultaban irreconciliables. Sin embargo, en la medida que el bipartidismo ha desaparecido en Catalunya y avanzamos hacia una gran fragmentación política, es más fácil acordar un modelo que de entrada no perjudique a nadie, sea más proporcional y mejore la representación de los ciudadanos. Más allá de los detalles, que tendrán que discutirse a fondo entre todos los grupos en la ponencia parlamentaria, lo sorprendente es que exista una posibilidad de acuerdo en medio de un clima político tan tenso. Y es así porque existen razones estratégicas poderosas que van más allá de los detalles concretos de la ley.

A los socialistas les interesa muchísimo no desaparecer a los ojos de los ciudadanos como fuerza de gobierno. Lo de Barcelona World no se explica solo por la presión de los promotores y el interés legítimo del alcalde de Tarragona, el socialista José Félix Ballesteros, sino también porque Pere Navarro necesita sacar la cabeza como líder capaz de pactar cuestiones de gran calado en lugar de ser consumido mediáticamente por las trifulcas internas. En asuntos económicos, pese a los claroscuros del citado complejo de resorts y casinos, pero igualmente en una cuestión tan simbólica como sería la primera ley electoral catalana. Por su parte, a los convergentes ya les va bien pactar con el PSC para no ser acusados de estar rendidos a ERC y tener así más margen de maniobra por lo que pudiera suceder. Pero Artur Mas tiene también necesidad estratégica de sacar adelante ahora dicha ley para mantener la tensión narrativa de su apuesta soberanista, aunque sea jugando nuevamente con conceptos equívocos. Fíjense que tras el anunciado fiasco en el Congreso, desde el Govern ya han dicho que la respuesta es acelerar la ley de consultas e intentar disponer de una autoridad electoral propia.

Si el pacto sobre la ley electoral avanza, Francesc Homs dirá que de esta forma la Generalitat tendrá acceso al censo y podrá convocar más fácilmente la consulta. Se nos venderá como otra estructura de Estado cuando no es más que algo de lo que ya disponen hace años el resto de autonomías. Se olvidará de decirnos que la Junta Electoral Central, que dirige y coordina la Oficina del Censo y cursa instrucciones de obligado cumplimiento a las juntas autonómicas, no cederá los datos para una consulta contraria a la Constitución. La ley electoral catalana, si finalmente ve la luz, deberá ser juzgada por lo que suponga de mejora en la representación ciudadana, en lugar de por la grandilocuencia con la que algunos querrán seguir alimentado una apuesta política equivocada.