El derecho universal a la salud

El derecho a la sanidad es uno de los pilares del Estado del bienestar, junto con la educación y la asistencia social. Una de las consecuencias más graves de la crisis económica fue el deterioro del acceso universal al sistema sanitario público, que se concretó en el decreto del Gobierno del PP, en el 2012, que limitaba la asistencia a los inmigrantes en situación administrativa irregular, excepto en casos de urgencias, mujeres embarazadas o menores. 900.000 personas en toda España vieron así cómo se les impedía disponer de la tarjeta sanitaria. El drama humano se ha intentado limitar de distintas maneras, pero la aprobación ahora en el Parlament del proyecto de ley del Govern –con la abstención de Ciutadans y la negativa del PP– supone blindar de manera contundente el derecho a la salud y recuperar las prestaciones para todos los residentes en Catalunya, independientemente de su condición económica o administrativa.

La exigencia de empadronamiento, teniendo en cuenta que hay colectivos que no están en condiciones de acceder a él, ha merecido críticas de la Plataforma para una Asistencia Sanitaria Universal en Catalunya, que ya se opuso a otras normativas parecidas. Pero, en este caso, al tratarse de un texto de rango superior –con la promesa firme de emprender otros mecanismos de acreditación– supone un paso adelante «histórico», como ha declarado el conseller Comín. Y efectivamente lo es para reestablecer una política que favorezca la dignidad humana.