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Editoriales

El control de la calle

Viernes, 13 de abril del 2012 Imprimir Enviar esta noticia Aumentar/ Reducir texto

Hay que contemplar con gran cautela los cambios del Código Penal que preparan los ministerios del Interior y de Justicia, un avance de los cuales ha explicado Jorge Fernández Díaz en el Congreso. En su toma de posesión, el ministro del Interior ya anunció que mantener el orden público en la calle sería uno de sus principales objetivos, que los colectivos antisistema pusieron a prueba en Barcelona durante la reciente huelga general. Esa situación de violencia callejera vivida el 29 de marzo es la que se expone oficialmente como desencadenante de las modificaciones penales en ciernes.

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Información publicada en la página 6 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 13 de abril de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Sin duda, hay consenso para condenar las actuaciones vandálicas y para buscar y tapar las rendijas legales por las que se cuelan los violentos. Sería insostenible tolerar su impunidad. Pero hay que destacar que España tiene una conflictividad social baja en relación con la dura situación económica y social. Y que, ante un horizonte de más protestas sociales por el empeoramiento del día a día, el Gobierno no debería reaccionar con precipitación y errar en los objetivos. Por eso varios partidos y asociaciones de magistrados y fiscales han manifestado importantes reservas a las propuestas del Ejecutivo.

Desde los expertos surgen peticiones como que, antes de emprender reformas, se apliquen las leyes ya vigentes contra las acciones violentas. O que se circunscriba el endurecimiento del Código Penal a situaciones extremas. La posible avalancha de casos en los juzgados también suscita inquietud en el sector. Y hay la duda de si la reforma será suficiente para atajar los episodios de violencia en el caso de que no vaya acompañada de una mayor fluidez en el intercambio de datos entre las fuerzas de seguridad.

Dos puntos centran las críticas de los profesionales de la justicia. El primero, la inclusión de la resistencia pasiva grave en el delito de atentado, lo que implica considerar punitiva una acción planteada para un desarrollo pacífico. El segundo, la intención de catalogar como delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria, a través de cualquier medio, de manifestaciones violentas. Para un análisis más preciso habrá que esperar a la redacción de la reforma, pero este mayo se prevé agitado en la calle.

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