Buena noticia

La ley de emergencia habitacional y pobreza energética aprobada en julio del pasado año por el Parlament y ahora suspendida parcialmente por el Tribunal Constitucional es un símbolo de casi todo. Nacida en los estertores del Gobierno de Mas, aunó voluntades e imprimió un acento social que se había ignorado, incluso recortado, a lo largo de toda la legislatura. Su implantación podía haber sido mejor, pero la ley ha servido para proteger, al menos, a unos centenares de personas. Desgraciadamente, también ha servido para que el Gobierno de Rajoy haga gala de la peor política. La que clava su mirada en el adversario político y en los réditos que obtendrá de la batalla.

Pero algo ha cambiado en el guion. Lo que podía haber sido utilizado como otro motivo para que el Govern se rasgara las vestiduras, cargara todas las culpas a Madrid y alimentara un relato que aviva la crispación, se ha transformado en la voluntad de buscar un nuevo camino que siga protegiendo a las personas y a los ayuntamientos catalanes.

La reunión del 'president' Puigdemont con alcaldes de todos los colores y representantes de las entidades sociales para defender los derechos básicos de las personas es un motivo para la esperanza. Los intereses políticos siempre estarán ahí, también la utilización propagandística de los hechos, pero que estos no pasen por encima de los intereses de los ciudadanos es toda una noticia. Una buena noticia.