Bárcenas, Rato, Blesa, Pujol y toda esa corrupción
En España tan solo han 82 personas cumpliendo condena por corrupción tras décadas de saqueo
Los ciudadanos saben bien que en España se ha producido saqueo de bienes públicos, financiación ilegal de los partidos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y corrupción a gran escala y que ello ha tenido bastante que ver con los orígenes de la crisis inmobiliaria. Ha ocurrido en las cajas de ahorros quebradas de la mano de los Miguel Blesa y los Rodrigo Rato de turno, en el Palau de la Música catalana por Félix Millet, en los contratos de administraciones públicas hinchados para extraer comisiones del 3% a cargo del clan Pujol o en las trama urdidas por afines del PP como Luís Bárcenas. Pero tras una década de crisis en la que mucha gente lo ha perdido todo o casi todo incluido el empleo y su casa, solo 82 personas están en la cárcel por corrupción en España, de un total de 61.000 presos.
Son datos del Consejo General del Poder Judicial que, consciente de que la corrupción es el tema que más sensibilidad despierta en la sociedad, ha puesto en marcha una base de datos a la que puede acceder cualquier ciudadano y en la que se recogen todos los procedimientos judiciales en los que se ha dictado auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por delitos enmarcados en lo que se conoce como corrupción pública. El segundo dato relevante es que los tribunales españoles abrieron juicio por delitos contra la corrupción contra 1.378 personas implicadas en un total de 166 casos entre julio de 2015 y septiembre del 2016. Las cifras que de momento están disponibles se remontan a junio del 2015 y se irán actualizando por trimestres.
La iniciativa de la institución que preside Carlos Lesmes persigue ofrecer a la ciudadanía la imagen de que la justicia funciona y persigue a los corruptos públicos. Sin embargo, la sensación que tiene el ciudadano, y con razón, es que el sistema es extremadamente garantista, carece de recursos suficientes y avanza con una lentitud elefantina. Es cierto que los entramados de corrupción pública que envuelven a paraísos fiscales son extremadamente difíciles de rastrear porque no se consiguen pruebas con facilidad. Lo hemos visto esta semana el caso de Oleguer Pujol en el que los fiscales sospechan que sigue blanqueando dinero desde el 2015.
El juicio de Luís Bárcenas que arranca esta semana volverá a poner sobre la mesa complejidad de estas tramas. Con el añadido de que los corruptos empresarios o políticos se pueden pagar a los mejores abogados y que los políticos desde sus actuales puestos de poder encubren sus culpas y se niegan a hacer comisiones de investigación en el Congreso. Para que la justicia sea justa tiene que ser rápida. Y todo lo demás es injusticia.
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