Lo pactado obliga

Más de cuatro años después de que el pueblo de Catalunya refrendara el Estatut, el Tribunal Constitucional dictó ayer un fallo que anula 14 artículos, reinterpreta otros 23 y acepta el preámbulo pese a negar eficacia jurídica a las alusiones a Catalunya como «nación» o «realidad nacional». Con lo poco que se conoce de la sentencia es difícil hacer una valoración precisa, pero se puede adelantar que el tribunal revisa a la baja el pacto político que representó en el 2006 la elaboración y aprobación de la Carta, respetuosas con los requisitos legales establecidos. En La dignidad de Catalunya, el editorial conjunto de la prensa catalana, ya subrayamos que en nuestro ordenamiento jurídico pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Aquella demanda cobra hoy especial vigencia.

El Tribunal Constitucional (TC) enmienda menos de un tercio de lo impugnado por el PP. Esta primera constatación es un evidente paso atrás, aunque a continuación hay que añadir que, al parecer, la sentencia mantiene los artículos fundamentales del Estatut, a salvo de que la reinterpretación de algunos que conciernen a la lengua catalana y a la financiación autonómica no les prive de su sentido original.

Los artículos declarados inconstitucionales se refieren básicamente al capítulo de la justicia, que prácticamente todo el mundo daba por perdidos por la imposibilidad de salvar el corporativismo del tribunal, y a la figura del Síndic de Greuges independiente del Defensor del Pueblo.

La presidenta del TC, María Emilia Casas, logró sacar la sentencia con la séptima ponencia, elaborada por ella misma sobre la base de la que había presentado anteriormente la magistrada Elisa Pérez Vera. No se llegó a votar artículo por artículo, aunque sí se hizo por bloques.

El PP no ha ganado

El hecho de que la constitucionalidad de la mayoría del texto fuese aprobada por seis de los votos considerados progresistas contra los cuatro conservadores anula la pretensión del Partido Popular de apuntarse la victoria, como sus portavoces intentaron hacer ayer. De las cuatro votaciones, los conservadores solo se impusieron en la del preámbulo, y no para eliminarlo, sino para interpretarlo.

Como dijo anoche el president Montilla, el PP «no ha podido liquidar el Estatut, pese a sus continuas agresiones y presiones sobre el tribunal». El presidente de la Generalitat reaccionó al fallo de la sentencia con una declaración institucional en la que mostró firmeza y reclamó al mismo tiempo serenidad para oponerse a la decisión del TC. Acató la sentencia, pero «acatar no quiere decir compartir» ni «renunciar» a «nada de lo que se ha pactado, firmado y votado», añadió inmediatamente.

Montilla utilizó tantas veces las palabras «indignación» o «decepción» como «serenidad». Esos términos se traducen en las cinco iniciativas que anunció, que van desde el intento de acordar con los partidos políticos una respuesta unitaria y su comparecencia ante el Parlament hasta el llamamiento para que los catalanes respondan masivamente a la manifestación que las fuerzas políticas y sociales organizarán para «expresar cívica y democráticamente» la voluntad de afirmación del autogobierno de Catalunya.

Rehacer el pacto

El president quiso también en su alocución evitar una crisis de confianza política al subrayar que la sentencia es responsabilidad exclusiva del tribunal y no es «un juicio del resto de España contra Catalunya». Una vez dictada la sentencia, esta idea persigue rehacer el pacto político con el Gobierno central y las instituciones del Estado para superar las consecuencias políticas y jurídicas del fallo. Montilla se mostró convencido de que Catalunya tiene los instrumentos necesarios y la voluntad política para lograr todos los objetivos contenidos en el Estatut.

Firmeza y unidad

Las demás fuerzas políticas reaccionaron de forma previsible, Aunque Artur Mas discrepó de Montilla al afirmar que el TC toca «la columna vertebral y el núcleo duro» del Estatut, coincide con el president en que la respuesta debe darse tanto en la calle como en el Parlament.

Antes de que se articulen esas respuestas, hay que pedir a todas las fuerzas políticas que actúen con firmeza, pero también con generosidad y responsabilidad para que la sentencia no divida a la sociedad catalana más de lo que ya lo hará la confrontación preelectoral que se anuncia para los próximos meses. La unidad entre los partidos políticos es imprescindible en esta hora.