El fiscal de Irlanda del Norte plantea dar carpetazo al pasado sin justicia

Los acuerdos de paz fueron en Irlanda del Norte el primer paso para acabar con la sangre y las armas. Lo más difícil vino después. La complicada tarea de revisar el pasado, esclarecer los hechos, hacer justicia y cerrar poco a poco las heridas. El fiscal general norirlandés puso ayer el dedo en la llaga. John Larkin pidió el fin de las investigaciones y los procesos judiciales de todos los asesinatos sectarios ocurridos antes del Acuerdo de Viernes Santo en 1998. «Ha llegado el momento de trazar una línea» y dejar atrás el pasado, afirma el jurista, que es también asesor legal del Gobierno autónomo de Belfast. Una  sugerencia radical y controvertida, que ha sonado a ultraje en los oídos de las víctimas y fue inmediatamente rechazada por los principales partidos políticos.

Más de 15 años después de la firma formal de la paz, en Irlanda del Norte hay muros que siguen dividiendo barrios y calles entre las comunidades católicas y protestantes. La segregación y la mutua desconfianza son la aún la norma. El pasado está demasiado presente. Casi cada semana hay algún homenaje en recuerdo de los murieron durante las tres décadas de conflicto. Un número importante de familias siguen sin saber quién mató a sus seres queridos, por qué los asesinaron o qué ocurrió con los que desaparecieron, sin que hasta ahora se hayan podido recuperar sus restos.

SORPRESA E INDIGNACIÓN / Esos familiares recibieron con sorpresa e indignación la propuesta del fiscal general, sobre la que no habían sido  previamente consultados. «Es ridículo y escandaloso», declaraba Mickey McKinney, hermano de uno de los católicos muertos en el Bloody Sunday, el incidente en el que los soldados británicos abrieron fuego en 1972 en el Londonderry matando a 14 civiles desarmados.

Stephen Gault, que perdió a su padre en un atentado del IRA en 1987, se declaró «profundamente asqueado». Para Amnistía Internacional, la idea «es una enorme traición al derecho fundamental de acceder a la justicia de las víctimas». La iniciativa de Larkin implica dar carpetazo a cualquier investigación para esclarecer cientos de muertes y la posibilidad de llevar ante la justicia a sus responsables, tanto paramilitares, lealistas o republicanos, como miembros del Ejército británico o de la Policía.  El fiscal considera que archivar las investigaciones es «la consecuencia lógica» del acuerdo de paz de 1998. También niega que se trate de «una amnistía formal», aunque lo sería en la práctica.

«Han pasado más de 15 años desde el acuerdo y ha habido muy pocos juicios», señaló Larkin para justificar la sugerencia. «Cualquier abogado criminalista competente sabe que las posibilidades de lograr condenas se reducen, quizás de manera exponencial, con el paso de los años», añadió. En la Cámara de los Comunes, el primer ministro, David Cameron, rechazó la petición. «Somos demócratas que creemos en el imperio de la ley, en la independencia de la policía y de las autoridades judiciales, que deben, si pueden, investigar los casos. Es bastante peligroso pensar que se puede poner algún bloqueo a eso», afirmó. La reacción fue también negativa por parte del Sinn Féin y de la formación mayoritaria norirlandesa, el Partido Democrático Unionista (DUP). «No hay hoy en el mundo una nación donde el asesinato no sea un delito. No se puede decir que un asesinato no es un delito, porque lo es. Hay 3.000 asesinatos sin resolver en Irlanda del Norte. Las familias tienen derecho a que se haga justicia», declaró el diputado del DUP Jeffrey Donalson.

Sin embargo, el que fuera ministro para Irlanda del Norte con el Gobierno laborista, Peter Hain, calificó la propuesta de puro «sentido común» y la mejor fórmula para «ayudar a las víctimas a contemplar el pasado de manera diferente». Larkin ha desatado un debate, al que también se enfrentan otras sociedades, castigadas en su día por el terrorismo, el apartheid o la guerra civil. «¿Puede realmente ser  útil el trazar una simple línea dejando atrás el pasado?, se preguntaba ayer el editorial del Belfast Telegraph. «El asunto del pasado es complicado», reconocía el primer ministro irlandés, Enda Kenny, que pidió respeto para la propuesta del fiscal. «Las familias quieren una resolución, siempre querrán saber qué pasó, quién dio las órdenes», añadió.