tras la decisión de la Audiencia Nacional
Panrico, siete meses de huelga en Santa Perpètua de Mogoda
La sentencia que anula los despidos abre una nueva fase para negociar la crisis de la compañía y el futuro de la fábrica catalana
Panrico afronta una nueva etapa. La Audiencia Nacional ha declarado injustificados 156 despidos en Panrico, los fijados para el 2015 y el 2016, al considerar que dichas extinciones no se ajustaron a derecho. La sentencia del alto tribunal supone un punto de inflexión a la huelga que los trabajadores de la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda mantienen desde hace más de siete meses.
Desde octubre del 2013 Panrico es sinónimo de movilización. El juicio se celebró el 6 de mayo, tras ser aplazado en abril. Los trabajadores se alzaron contra la dirección por la falta de pago de salarios, después contra un expediente de regulación de empleo, ERE, y siguieron contra la amenaza del puesto de trabajo de toda la plantilla de la planta catalana. El consejero delegado de la firma, Carlos Gila, no ha conseguido reconducir la situación hacia la paz social. El directivo nombrado por Oaktree –el fondo propietario de la compañía-- decidió que la mayoría de los despidos previstos para el grupo debían concentrarse en la planta de Santa Perpètua de Mogoda y eso encendió los ánimos en la planta catalana.
La firma acumula unas pérdidas de 700 millones de euros en los últimos cinco años y el nuevo directivo tenía claro a lo que llegaba. Debía recortar costes y la vía del recorte de plantilla fue la elegida para de un plumazo ahorrar 50 millones de euros. En solo dos semanas en el cargo, el nuevo ejecutivo suspendió el pago de nóminas, anunció que despediría a 1.900 personas y que bajaría el sueldo un 45% a la plantilla que quedara. Ni siquiera el peso de la crisis y la falta de alternativas de contratación fue suficiente para mantener la ira de los trabajadores bajo control. Llegó el preconcurso de acreedores como una vía más para abrir la negociación y finalmente se evitó el temido concurso tras una inyección de 15 millones de euros por parte del fondo de inversión.
Tras siete meses de paro, los ánimos de la plantilla están erosionados, aunque la sentencia es un espaldarazo para la parte laboral, que deberá decidir ahora si se abre una nueva fase de negociación.
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