El juez reprocha al Barça la falta de información

El juez había despedido la sesión del martes quejándose a Javier Faus, el vicepresidente del Barça, por la falta de información que tenía y había facilitado el club, y ayer repitió esa recriminación a raíz de que la entidad intentara introducir en la causa dos documentos. La discusión sobre su aceptación retrasó la comparecencia del único testimonio del día. Solo era Artur Amich, representante de Deloitte, la firma auditora, pero fue interrogado durante más de cuatro horas, con dos interrupciones de diez minutos y tres.

«Esto que ustedes presentan no son documentos como tales, sino una explicación de un empleado», observó el juez Martínez Borrego, para rechazar las pretensiones del Barça. Uno consistía en la aclaración de las diferentes cifras que aparecían en la auditoría o en la memoria: la amortización de Henry oscilaba entre los 6,9 millones y los 8,2. La diferencia era «una prima de fin de carrera», aclaró el auditor, que situó el traspaso al Red Bull en mayo pese a que el club lo dató el 15 de julio. «Las pérdidas se registran cuando se conocen, los ingresos se registran cuando se producen», añadió Amich. El mismo criterio, dijo, para el traspaso de Touré (2 de julio) que se apuntó Rosell en su haber, El otro documento era un añadido a la memoria económica 2011-2012.

RECLAMACIÓN INJUSTIFICADA / «Tuvieron tiempo de entregarlo antes», abundó el juez. En las diligencias previas de enero. El toque de atención fue más sonoro cuando reconvino al club que no hubiera informado del acuerdo con Sogecable (diciembre del 2011) para extinguir la deuda. «Si hay provisiones que luego no se han materializado y no se han convertido en pérdidas, no sé por qué se reclaman al demandado», inquirió el juez sobre los 37,5 millones que se cargaron a Laporta en la reformulación de las cuentas y no se eliminaron en tres años. La defensa, que vio mala fe, pretende reducir todas las salvedades; ayer intuyó haber eliminado los primeros ocho millones de euros.

REFORMULACIÓN PEDIDA  / Quedó claro muy pronto que Laporta auditó las cuentas, pese a haberlo negado Josep Maria Bartomeu. Lo confirmó el auditor firmante del informe, «con salvedades» del 1 de julio, que luego fue sustituido por la reformulación pedida por Rosell. «Nosotros ni la sugerimos, es una decisión de la directiva», matizó el testigo, que trató de exponer las sustanciales diferencias entre una y otra auditoría cuando la primera da 11,1 millones de beneficio y la segunda, 79,6 de pérdidas.

Las mayores discusiones se centraron en la venta de la parcela de Sant Joan Despí, incompleta según el auditor a instancias de sus juristas porque la finca no estaba segregada «y no hubo entrega de la cosa» y la rebaja de la tasación de los terrenos de Viladecans. Fue encargada por Jordi Moix, directivo de patrimonio, antes de que la junta tomara posesión. Algo que lo invalida, a ojos de la defensa, porque, además, se hizo con el supuesto de no construir el Barça Park ideado por Laporta.