Protecció de Dades bendice el fichero de datos de la Guardia Urbana

La Autoritat Catalana de Protección de Dades  ha dado por cerrada la polémica generada meses atrás por un fichero de datos personales de agentes de la Guardia Urbana , que incluyen información especialmente protegida, relacionada con la ideología, la afiliación sindical, la religión, las creencias, el origen racial o étnico, la salud, la vida sexual, casos de violencia de género que "que sean especialmente relevantes para una investigación concreta”.

Protecció de Dades ha archivado las denuncias presentadas contra el fichero por el Sindicat d’Agents de la Policia Local, el grupo municipal del PP, CCOO y el Sindicat Autònom de Policia de les policies locals de Catalunya y considera que no vulnera la legislación que protege la información personal de los agentes.

Cambio de nombre

El ayuntamiento inició la creación del fichero en el 2016, y su aprobación definitiva data del pasado 23 de febrero. En abril, la oposición cargó contra el gobierno municipal. El comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, subrayó que el archivo no era de nueva creación y que esos datos ya existían, que se procedía a modificar el nombre del archivo a Gestión de la Unidad de Deontología y Asuntos Internos de la Guardia Urbana. El objetivo, dijo Recasens, blindar la información, que solo se emplea si lo justifica una investigación sobre el agente afectado.

El gobierno municipal pactó con el grupo Demòcrata no poner en funcionamiento el nuevo formato del archivo hasta que la Autoritat Catalana de Protecció de Dades certificara que cumplía con la ley, lo que ahora ha sucedido. Los grupos del PP y Ciutadans votaron en contra de ese acuerdo y a favor de la anulación del fichero, infructuosamente. También la CUP votó en contra, pero en este caso porque era partidaria de activar de inmediato el registro de información.

Entrada en vigor

El fichero entrará en vigor una vez que Protecció de Dades finalizó su investigación, durante la cual la gerencia de Seguridad y Prevención del consistorio presentó alegaciones,  y concluyó que no existe disfunción legal. El organismo destaca que este tipo de ficheros es habitual en los departamentos de asuntos internos de los cuerpos policiales.