Un matrimonio desahuciado en El Clot en el 2011 denuncia un "juicio político"

Verónica Loká y Eliseo Loyé, y por extensión, su abogada, Laia Serra, están convencidos de que detrás del juicio hay un objetivo político. Este matrimonio fue desahuciado de su piso en El Clot, en el que vivía desde hacía 25 años, en julio del 2011. Fueron 10 horas de operación policial sin precedentes tratándose del desalojo de una familia. Hubo heridos. Dentro de dos semanas, el caso llega al fin al juzgado, con la Generalitat como acusación particular y reclamando penas de prisión muy por encima de la pretensión de la propia fiscalía. La vista se celebra los días 14 y 15 de diciembre.

Felip Puig era entonces el 'conseller' de Interior. Pocas semanas antes, el Govern había tenido que lidiar con los acampados en la plaza de Catalunya y con la toma de los accesos del Parlament que generó insólitas imágenes como la del 'president' Artur Mas llegando a la Ciutadella en helicóptero. "La actuación policial, desproporcionada y violenta, no fue casual", ha explicado este miércoles en rueda de prensa la abogada. Según la defensa, que ha presentado un vídeo sobre el caso y ha iniciado una campaña en internet, nada hacía prever que aquel día se haría efectivo el desalojo, que el propietario había solicitado tras ganar el recurso ante la Audiencia de Barcelona que le permitía romper una renta antigua e incrementar en 550 euros el alquiler. Es decir, no era una cuestión de impago. De haber sabido que se ejecutaría el desahucio, argumenta la familia, se habrían llevado todas sus pertenencias, y en ningún caso habrían tenido en casa al hijo pequeño, de 13 años (tienen otros dos más). 

"BELIGERANCIA INSÓLITA"

En la puerta se apostaron un centenar de vecinos y activistas en defensa de una vivienda digna. De resultas de todo aquello, tres personas resultaron heridas leves, entre ellos, dos agentes. Los Mossos, según Serra, desplegaron 32 furgones, una "beligerancia insólita". Entraron por el balcón con una escalera de metal y procedieron a inmovilizar a los residentes. A partir de ahí, las versiones son distintas. Y será el juez quien estime las verdades. El entorno de la familia ha iniciado una campaña para apoyar a los acusados. Está prevista una manifestación el lunes que viene a las 19 horas en el número 22 de la calle de Andrade, donde se produjeron los hechos, y también habrá concentraciones en la Ciutat de la Justícia durante los dos días de juicio. 

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Tanto la fiscalía como el Govern sientan en el banco de los acusados a cinco personas: el matrimonio, un vecino y dos activistas. Piden, sin embargo, penas muy distintas. Mientras que la acusación pública solicita multas para el matrimonio y dos años de cárcel para el resto por un delito de atentado contra la autoridad, la Generalitat demanda penas de prisión para todos superiores a los dos años y tres meses. En uno de los casos llega a reclamar cinco años y tres meses por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad con elemento peligroso. Preguntado por este diario, el Departament d'Interior no ha entrado a valorar el juicio, asegurando que el caso "se está estudiando". En el caso de estimarse esta petición, sería la primera vez, ha remarcado Serra, en que un matrimonio "desahuciado de su casa y las persona solidarias con su situación ingresen en prisión".

"OPERACIÓN DE GUERRA"

Domiciano Sandoval, vocal de la asociación de vecinos del Camp de l'Arpa de El Clot, ha asegurado que esta pareja "eran y son vecinos ejemplares", y ha recordado el día en el que les llevó en coche "hasta el contenedor de Sant Andreu en el que la policía había dejado sus cosas destrozadas". "Aquello fue una operación de guerra, una de las peores hazañas de los Mossos en este país", se ha quejado. Por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), su portavoz, Carlos Macías, ha recordado que la solidaridad "es el recurso más valioso" en este tipo de situaciones, y ha sostenido que el mensaje que da la Generalitat con este juicio "se alinea con el de las políticas del miedo del PP y la ley mordaza". En opinión de la abogada defensora, este proceso "responde a cuestiones que nada tienen que ver con la justicia". "Existe un interés evidente de que no se produzcan situaciones de organización ciudadana para evitar desahucios".