POR INCUMPLIR LAS ORDENANZAS

La Guardia Urbana puso 70 multas por valor de 7.500 euros a un indigente

La mediación de la Síndica de Greuges y de la Fundación Arrels pemite que le sean perdonadas las sanciones

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Un indigente que residía en el barrio del Raval de Barcelona fue sancionado hasta 70 veces por la Guardia Urbana por vulnerar varias ordenanzas, especialmente la de civismo, y las multas ascendieron a un importe total de unos 7.500 euros. Lo ha explicado ahora la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, cuya mediación y la de la Fundación Arrels permitieron que finalmente al afectado le fuesen condonadas las sanciones.

La primera denuncia data del 2008 y la última, del 2010. El indigente pidió al Instituto Municipal de Hacienda que le fraccionasen el importe para poder pagarlo, petición que se le denegó. Entonces, el hombre llevó su caso a la Síndica en el 2012 y en diciembre del 2013 se logró que le fuesen retiradas todas las sanciones.

En total, fue multado con 5.982 euros, y a esta cantidad hay que añadirle otros 1.500 euros por intereses de demora, costas procesales y otros recargos.

Beber en la calle, tirar papeles, falta de higiene

Las sanciones eran por comportamientos que incumplen las ordenanzas, entre ellos "beber alcohol en la calle, tirar papeles, ocupar la vía pública y no reunir las condiciones de higiene". Incumplía la ordenanza de civismo --sobre la que la Síndica reclama cambios-- pero también otras como la de Medio Ambiente y la que regula el espacio público.

El afectado, un hombre de mediana edad y sin domicilio fijo, está actualmente en tratamiento de desintoxicación de alcoholismo, y en el momento de las sanciones, contaba con unos ingresos mensuales de 426 euros en virtud de una Renta Activa de Inserción (RAI), que más adelante le fue retirada.

Protocolos mejorados

Según Vilà, la ordenanza de civismo deja claro que en el caso de las personas 'sin techo' debe haber "una coordinación entre servicios sociales y Guardia Urbana" que en este caso no se produjo.

La Síndica ha asegurado que pese a que la ordenanza no se ha modificado tras sus demandas y las de entidades sociales, después de casos como este, el Ayuntamiento ha mejorado sus protocolos de actuación para que una actuación similar no vuelva a repetirse. Prueba de ello es que, según un informe de la Fundación Arrels, si en el 2011 un total de 1.056 de las personas atendidas por esta entidad habían sido sancionadas por la Guardia Urbana, este dato se redujo a 208 en el 2012 y a 57 en el 2013.

Fuentes de Arrels han explicado que los agentes de la Urbana "a la hora de multar, no diferenciaban entre un acto de incivismo y una problemática social", pero que como indica su informe, ha habido receptividad por parte de la Administración municipal para corregir la situación.