Detrás de la manta

El gobierno de Xavier Trias abrió la Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares (OPAI) a mediados de su mandato para atender, tras su desalojo, a los cientos de inmigrantes -la mayoría hombres senegaleses-, que sobrevivían de la recogida de chatarra en las naves ocupadas del Poblenou. El organismo se marcó el objetivo de ayudarles a gestionar los permisos de trabajo -la clave para desencallar todo lo demás- y ofrecerles planes de ocupación y alojamiento alternativo temporal en albergues o pensiones. No fue la panacea, por supuesto, pero se crearon algunos empleos y hasta una cooperativa.

Menos de un lustro después, con el cambio de gobierno y de foco mediático, Ada Colau ha reforzado con recursos económicos y humanos esta oficina y la ha reorientado a la atención de los vendedores ambulantes. Desde ella se gestiona la vertiente social con la que este gobierno ha insistido siempre que quería tratar el asunto, en paralelo a la persecución policial (que los empresarios juzgan insuficiente). 

Según cifras municipales, en lo que va de mandato la OPAI ha atendido -se entiende por atender mantener aunque sea un primer contacto, saber de su realidad- a 170 personas. De estas, según la misma fuente, 54 han participado o participan en planes de ocupación. Dos de ellos son Adjara y Top, cuyas historias de vida acompañan a esta pieza.

Desde el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes rebajan la cifra. "Como mínimo en lo que se refiere a manteros. Quizá esas 54 son personas pobres a las que están ayudado, que está muy bien, pero que no digan que son manteros", señala el portavoz del colectivo Aziz Faye.

"UNA REALIDAD ESTRUCTURAL"

En SOS Racisme señalan que la venta ambulante es "una realidad estructural de nuestras ciudades a la que hay que dar respuesta pese a que entre en conflicto con el modelo de ciudad y la imagen que se quiere proyectar al mundoen conflicto con el modelo de ciudad". La organización en defensa de los derechos humanos subraya que la personas que se dedican a la venta ambulante no autorizada están altamente expuestas a sufrir situaciones de abusos y vulneración de derechos.

"Con la reforma del código penal del 2015, las denuncias generan antecedentes penales que imposibilitan obtener o renovar el permiso de residencia. Así se cronifica una situación de irregularidad y de falta de acceso a los derechos más básicos que a la larga puede conducir a un procedimiento de expulsión", señalan desde la organización. 

CAMBIOS DE PROTOCOLO

Alertados por estas organizaciones, desde el ayuntamiento han introducido algunos cambios en sus protocolos, como facilitar el padrón o no tener en cuenta los antecedentes policiales a la hora de elaborar los informes de arraigo, un documento imprescindible para la regularización administrativa.

SOS Racisme señala también que entre el 2010 y el 2016 han gestionado 44 casos relacionados con intervenciones policiales racistas hacia vendedores ambulantes. Ocho en el 2016. La organización, así como el Sindicato Mantero, pide a Colau que expulse del cuerpo a los agentes implicados en esas operaciones.