Barcelona se compromete a un verano con menos manteros

Una de las patatas calientes con las que se encontró Ada Colau al llegar al Ayuntamiento de Barcelona fue la gestión del fenómeno de los manteros, creciente en los últimos años y, como subraya el gobierno municipal, habitual en localidades de playa e ilegal. En su primer año, el equipo de Colau combinó una actitud de tolerancia con la presencia de los vendedores con otra de actuación policial contundente.

Los vendedores proliferaron en las calles (no es fácil precisarlo: se calculó que en 12 meses pasaron de 400 a 800) y Colau pudo comprobar que contentar a todos es imposible. Sobre todo, el día que presentó en la Barceloneta un contador de los migrantes muertos en el Mediterráneo, acto al que acudieron los manteros para denunciar la presión policial y, en particular, las detención de uno de ellos.

El consistorio se muestra convencido de que este año no se repetirá la presencia masiva de manteros del verano pasado. Así lo afirma el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello: “Este año no llegaremos los 800 vendedores ambulantes que teníamos el verano pasado en el paseo de Joan de Borbó. Se ha mejorado la gestión, lo ha reconocido la Generalitat, que ha elogiado la política de Barcelona: la de no limitarse solo a la respuesta policial. Estamos muy lejos del punto crítico en el que estuvimos en años anteriores”, argumenta.

CUATRO EDUCADORES DE CALLE

“La venta ambulante no está permitida en Barcelona y nos hemos pasado el año intentando evitarla y ofreciendo alternativas a los vendedores ambulantes: planes de ocupación, una cooperativa, medidas innovadoras. Creemos que la buena línea es mostrar que lo ilegal puede ser legal”, asegura la mano derecha de Colau, que destaca que el ayuntamiento destinará a cuatro educadores de calle, en 12 puntos distintos de la ciudad, a mediar entre comerciantes, vendedores y ciudadanos, para reducir el conflicto: “Es una petición de los vecinos y del comercio”.

Pisarello considera complicado erradicar el fenómeno: “No desaparecerá de la noche al día”. Se congratula por la coordinación lograda entre cuerpos policiales y administraciones. Si bien señala la ley de extranjería como un obstáculo para avanzar en la regulación de los manteros, destaca que la subdelegación del Gobierno “ha mostrado sensibilidad al encontrar rendijas para facilitar muchos procedimientos”. El consistorio se propuso hace un año intensificar la pata social del asunto, su política de buscar una salida a los vendedores.

LA CARA SOCIAL

La cara 'social' de la gestión del 'top manta' es mucho más difícil de ver (y retratar) que la policía persiguiendo a manteros -en los que se fija el sector más activista de su electorado- o que las decenas de vendedores irregulares que extienden a diario su mercancía en los enclaves más turísticos de la ciudad, en los que se fija oposición y comerciantes. Pero que resulte menos evidente no quiere decir que no exista. 170 personas procedentes de la venta ambulante irregular han sido atendidas en la Oficina del Pla d'Assentaments Irregulars (OPAI) durante este mandato.

De estos 170, 54 han participado -o participan- en planes de ocupación. 11 en la prueba piloto en Mercabarna y 43 a través de Barcelona Activa, en el Centro de atención a personas vulnerables de la Zona Franca, en el distrito de Sant Martí, haciendo apaños o rehabilitando escuelas públicas, o gestionando el servicio de detección e intervención con menores extranjeros no acompañados. Otros 15 forman parte de DiomCoop, cooperativa de venta ambulante legal, donde 15 más están en lista de espera. 

TRES GRUPOS

La oficina divide a los atendidos en tres grupos: los que tienen papeles, los que no los tienen pero pueden obtenernos y los irregularizables. Los esfuerzos de la OPAI se centran en ayudar al segundo grupo, del que forman parte la mayoría de los atendidos. Para ello han introducido cambios en las rutinas burocráticas del consistorio, como facilitarles el empadronamiento -uno de los requisitos para facilitar la obtención de papeles: hay personas que llevan cinco años viviendo en la ciudad sin haberse empadronado-, o han dejado de tener en cuenta los antecedentes policiales a la hora de firmar el informe de arraigo.