Nisman, enterrado entre críticas al Gobierno

Los restos de Alberto Nisman, el fiscal que había acusado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de "organizar la impunidad de los prófugos iranís" supuestamente involucrados en el atentado contra la mutual de la colectividad judía (AMIA) que mató 85 personas el 18 de julio de 1994, y que días después murió por un disparo en la sien, ha sido este jueves inhumado en el Cementerio Israelita de La Tablada, en la periferia bonarenense. Los restos fueron velados a lo largo de la noche y hasta las primeras horas de este día. En las manzanas aledañas a la casa funeraria se colgaron banderas con las consignas “Verdad y justicia” y “Todos somos Nisman”.

Las autoridades del Gobierno que se acercaron a despedir al difunto fiscal fueron abucheadas por parte de los presentes. Estuvieron también allí embajador de Estados Unidos, Noah Mamet, y los principales dirigentes de la comunidad judía, así como dirigentes opositores. El cortejo llegó al cementerio después de una hora de lento desplazamiento.

En este contexto, la fiscal Viviana Fein sigue avanzando en sus pericias e interrogatorios para determinar las causas de la muerte de Nisman. Las opiniones se dividen entre suicidio o asesinato. Pero hay otras líneas divisorias, entre los que respaldan la hipótesis del Gobierno de que se ha tratado de una maniobra desestabilizadora que se aprovechó de un fiscal cuya denuncia demostró carecer de sustento, y los que responsabilizan a las autoridades por razones diferentes: unos suponen que no son ajenas a los hechos que derivaron en el deceso del fiscal, mientras otros piensan que este no fue debidamente custodiado. De hecho, varios policías que tenían la orden de velar por su suerte han sido imputados.

“Papá, nosotras, solo necesitábamos de vos, tu presencia y compartir buenos momentos. Hoy te despedimos, sabiendo de tu dedicación al trabajo. Esperamos que ahora puedas estar en paz. Nosotras guardamos en nuestro corazón los lindos momentos vividos juntos”. Ese fue el mensaje de adiós que publicaron sus hijas Iara y Kala en las páginas funerarias del diario 'La Nación'. "Transito este momento con desconcierto y profundo dolor por nuestros hijas. Te despido anhelando que encuentres la paz, que tu entrega al trabajo no te permitió disfrutar en plenitud", expresó en una de las páginas de este matutino su exesposa Sandra Arroyo Salgado.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Fein, entretanto, negó que Diego Lagomarsino, el enigmático experto informático que trabajaba con Nisman y le suministró la calibre 22 que le provocó la muerte, sea el principal imputado de la muerte de Nisman. “No hay elemento alguno por el momento que lo pueda comprometer en un hecho doloso de mayor gravedad”, dijo. Solo está en la mira de la fiscal por haberle provisto el arma y haber sido la última persona que lo vio con vida.

Lagomarsino dijo que la Bersa calibre 22 que entregó a Nisman es una pistola “vieja y que falla” y que Nisman no confiaba “ni siquiera en su custodia”. El penalista Maximiliano Rusconi, exabogado del presidente Carlos Menem en una escandalosa causa por tráfico de armas por la cual recibió una condena de siete años, definió a su nuevo cliente como "un chico normal”.

El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, dijo que las explicaciones dadas por Lagomarsino son un “gran invento” y que su alegato ante la prensa fue armado “de forma tal que lo que se diga lo dejará de la mejor manera parado a este señor”.

INTELIGENCIA DISUELTA

Todavía bajo el impacto del 'caso Nisman', y a pesar del verano, la sociedad discute la reciente decisión adoptada por la presidenta de disolver la Secretaría de Inteligencia (SI), un núcleo de la conspiración, la vigilancia y las prácticas extorsivas, en donde coexisten todavía agentes que provienen de la última dictadura, entre ellos el exjefe de contrainteligencia Jaime Stiusso, estrechamente ligado al fiscal.

Stiusso, que a su vez tenía fuertes lazos con la CIA y el Mosad, era el principal sostén de las acusaciones contra el régimen persa y se había opuesto al acuerdo firmado con Teherán para que una comisión de juristas internacionales interrogue a los principales sospechosos del atentado. Ese acuerdo, que fue aprobado por el Parlamento, no está en vigencia porque fue impugnado ante la justicia argentina