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La prioridad no es la investidura sino recuperar derechos sociales

Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, respectivamente. 

Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, respectivamente. 

Jesús Pichel

Tan ensimismados estamos todos con el bloqueo político que impide la investidura de algún candidato para volver a tener, por fin, un Gobierno y un Parlamento plenamente operativos, que olvidamos que ese bloqueo es consecuencia lógica de cómo se ha desarrollado la crisis desde el 2008. La crisis, que empezó siendo financiera, derivó rápidamente en crisis económica (de producción, de consumo, de destrucción masiva de puestos de trabajo, etc.) y, más allá, en crisis social (recorte de servicios sociales, precariedad laboral, devaluación salarial, aumento de la brecha social y de la pobreza, etc.) y finalmente en la crisis política actual.

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Las duras medidas de ajuste que se han aplicado desde mayo del 2010, primero por el PSOE y, después y con mayor dureza, por el implacable rodillo de la mayoría absoluta del PP, provocaron un fuerte rechazo a estos partidos y la emergencia de plataformas políticas ciudadanas y de nuevos partidos que recogieron el descontento y la indignación de la gente. Más aún cuando, simultáneamente, día sí día también, aparecían casos de corrupciones milmillonarias en todos los niveles de la administración del Estado.

Súmese a todo eso la deriva soberanista de una parte significativa de políticos y ciudadanos de Catalunya, alentados por la inestabilidad general y las actitudes frentistas del PP y de Ciudadanos (y probablemente de una parte de la sociedad española y catalana). Los resultados del 20D y del 26J han sido reflejo fiel de lo que ha venido pasando: fragmentación, indignación y frentismos (líneas rojas) en un clima general de inestabilidad y desconcierto porque parece que no hay salida.

Si la buena política es la reparación de las desigualdades sociales y la protección (y extensión) de los derechos de los ciudadanos, la única salida es que los partidos progresistas entiendan que lo fundamental no es la investidura, sino la posibilidad de empezar a reparar todo el daño causado y de resolver políticamente el grave problema territorial.

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