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"Me quedaré hasta el final"

Dos operarios sellan las puertas de las viviendas vacías del edificio de Entença 151

Celia, una de las inquilinas, afirma que no abandonará el piso donde ha vivido durante 18 años

TERESA PÉREZ / BARCELONA

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Un operario sella los pisos vacíos de Entença, 151 con placas de metal, ayer en Barcelona. / JOAN CORTADELLAS

Lleva 15 días de baja. Desde que le enviaron el burofax diciéndole que no le renovaban  el contrato de alquiler de su piso de la calle de Entença, 151 y que debía irse, todo ha sido un sinvivir. A medida que se ha acercado la fecha, la angustia y el nerviosismo se han disparado y la tensión le ha provocado un pinzamiento. No abre la puerta de su casa y solamente contesta al teléfono si reconoce el número. Tiene pánico a que cualquier desconocido le pueda complicar aún más la vida. Ella forma parte de las cuatro familias del inmueble de la Nova Esquerra del Eixample de Barcelona a los que el administrador de la finca, Miguel Ángel Ruiz, ha enviado un comunicado alertándoles de que no les va a renovar el contrato cuando les venza. El primero llegó una semana después de que se hiciera oficial el cierre de la cárcel Modelo, este mes de junio.

Celia, de 51 años, nombre inventado por temor a sufrir represalias, le ha finalizado el contrato este jueves. El viernes debe dejar el que ha sido su hogar y el de su hermana durante los últimos 18 años. Pese a ello, tiene claro lo que va a hacer: “Resistiré. Me quedaré con los vecinos hasta el final”. Y reclama: “Que alguien pare la especulación inmobiliaria porque solo va a generar pobreza y exclusión social”. Las hermanas Galofré negocian “la venta del edificio, aunque la operación con Renta Corporación no está cerrada”, según admitió Ruiz a este diario. Este jueves ni siquiera ha contestado al teléfono.

De los 12 pisos de este inmueble sin ascensor, tres están vacíos porque sus inquilinos se fueron voluntariamente. Sin embargo, a pesar de estar deshabitados desde hace un año y que uno de ellos se anunciaba en un portal inmobiliario, este jueves han sellado las tres viviendas. “A las 9 de la mañana vinieron unos operarios acompañados por personas de  seguridad y empezaron a hacer un  ruido tremendo cortado chapas de metal para adaptarlas a la medida de las puertas. Los niños pequeños se asustaron y tuvimos que llamar a la Guardia Urbana y a los Mossos”, explica un inquilino. Este jueves se han reunido los vecinos para fijar las acciones a seguir mientras esperan una respuesta de la Oficina de la Vivienda del Eixample.

SELLADO DE PISOS

Acción-reacción. Los vecinos denunciaron que los echaban de sus casas y colocaron pancartas en la fachada y, días después, la propiedad han sellado las puertas. "Nos dicen que es para que no entren okupas”, indican desconfiados. De los nueve pisos en los que todavía viven vecinos, a cinco aún no les ha llegado el ultimátum para que dejen la vivienda, porque no les ha expirado el contrato. Los otros cuatro ya tienen fecha: el próximo debe irse en agosto y el siguiente en septiembre. Hay otro inquilino que debería haber dejado ya la casa antes que Celia, pero le dieron una prórroga de un mes. 

A Celia no le han ofrecido renovarle el contrato ni tan siquiera aumentándole el precio del alquiler ni le dejan que demore su marcha. Tampoco le han dado opción de compra. Paga por su piso de alquiler 412 euros mensuales y tiene unos ingresos de 1.150 euros. “La vivienda estaba destrozada cuando la alquilé y la he reformado. He invertido el equivalente a dos años de mi salario”, cuenta. "Y ahora que la tengo arreglada me dicen que me vaya", afirma.

La mayoría de los vecinos han adecuado los pisos a sus necesidades y a sus economías. Celia ha decidido que solo se irá de su piso de Entença, 151 con una orden judicial. "Me voy a apoyar a mis vecinos o nos vamos todos o nos quedamos todos", aclara. Ella ha respondido al burofax enviado por el administrador diciéndole que se queda". "Ni siquiera he buscado un nuevo piso porque, cómo voy a pagar una vivienda de 1.000 euros que es el precio más barato en esta zona si gano 1.150 euros. ¿De qué voy a comer? La Administración debe intervenir para frenar la especulación inmobiliaria", concluye.

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