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EL MERCADO DEL SEXO

El plan de Colau para regular la prostitución voluntaria levanta una ola de críticas

La FAVB y alcaldesas metropolitanas consideran que "frivoliza" la actividad y le exigen que "reconsidere" su postura

Rosa Mari Sanz

Prostitucion

Prostitutas en la calle de Sant Pau, en Ciutat Vella. / JULIO CARBÓ

¿Abolir o regular la prostitución? Periódicamente se abre este debate a nivel social y político sin que acabe derivando en cambios significativos. De nuevo, tras la aprobación en diciembre de la puesta en marcha de un plan que dote a Barcelona de un marco normativo municipal para la prostitución voluntaria y que elimine las multas a las mujeres, han salido voces a favor y contrarias a esta proposición que planteó Ciutadans y se aprobó con el 'sí' de Barcelona en Comú (BC), ERC y la CUP. Entre estas últimas, las más sonoras han llegado en forma de manifiesto: el que han suscrito las alcaldesas de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón (PSC); L'Hospitalet, Núria Marín (PSC); Sant Boi, Lluïsa Moret (PSC), y Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa (CiU), para pedir a su homóloga Ada Colau (BC) que "reconsidere" su posición y refuerce las medidas para erradicar la prostitución de las calles. Tras esta iniciativa están también las entidades Moviment Democràtic de Dones y Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic de Dones i Nenes. "Reglamentar la prostitución [...] supone asumir que es una alternativa 'laboral' aceptable para las mujeres pobres", denuncian. 

El proyecto municipal, todavía en fase de estudio y de debate, no contempla de momento ninguna medida concreta al respecto de la regulación de la prostitución no sujeta a explotación sexual o tráfico de personas, precisa la concejala de Ciclo de la Vida, Feminismos y LGTBI, Laura Pérez. De hecho, matiza, un ayuntamiento no tiene competencias para regular esta práctica otorgando derechos laborales, ni tampoco para abolirla. Compete a la Generalitat, que aprobó en el 2002 un decreto que regula los locales donde se ejerce la prostitución, a los que fija un horario de apertura y cierre, así como una batería de condiciones sanitarias

Lo que sí puede hacer el consistorio es introducir cambios normativos para legalizar 'meublés' en los que las prostitutas ejerzan de manera voluntaria y en buenas condiciones de seguridad e higiene, y donde se realicen inspecciones periódicas, una medida, reconoce Pérez, que aunque se contempla no está ni mucho menos decidida.

El consistorio puede introducir cambios normativos para legalizar meublés en los que las prostitutas ejerzan de manera voluntaria y en buenas condiciones de seguridad e higiene

“No soy ni abolicionista ni regulacionista. Lo que tenemos es la obligación de mejorar las condiciones de vida de las mujeres que ejercen la prostitución, de respetar sus decisiones y ofrecerles alternativas y ayudas para la formación e inserción. En definitiva, hemos de defender sus derechos como los de cualquier persona", defiende la concejala. E insiste en que Barcelona, y todos los gobiernos, “deben tener políticas firmes contra la trata y el tráfico, pero nunca a costa de los derechos de las mujeres”.

MESA DE TRABAJO

Otra de las medidas que se debatirá en la mesa de trabajo, a la que acudirán representantes del colectivo, es reformar los proyectos para que garanticen a todas las mujeres que quieran salir de la prostitución itinerarios de empleo no estigmatizadores, “y que realmente permitan un cambio cuando así lo decidan”. Pero lo primero, insiste la concejala, es dejar de multarlas en base a una ordenanza del civismo que se está revisando.

Ese cambio podría implicar también el dejar de sancionar a los clientes, prosigue Pérez, “para asegurar un marco que no persiga a las prostitutas”. La marcha atrás de las sanciones es algo que lleva años reclamando la síndica en funciones de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, quien se muestra de acuerdo con la propuesta del ayuntamiento de crear un nuevo marco normativo.

En la otra cara de la moneda está la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Aunque entre esta organización conviven dos sensibilidades, una radicalmente prohibicionista y otra más próxima a la regulación, la federación ha criticado duramente el plan municipal a través de un comunicado en sintonía con el manifiesto firmado por las alcaldesas metropolitanas. Pese a que también se muestra favorable a que la Guardia Urbana deje de multar a las mujeres, la FAVB es contraria a que se terminen las sanciones a clientes y considera que con el nuevo plan se está trasladando a la opinión pública un mensaje de normalidad por lo que respecta a la compra de servicios sexuales.

"Un ayuntamiento democrático  no puede frivolizar con la realidad de la prostitución", denuncia la FAVB

"Un ayuntamiento democrático no puede frivolizar con la realidad de la prostitución“, ha denunciado la FAVB, que considera "muy difícil promover políticas de igualdad si aceptamos la existencia legítima, en nuestra ciudad, de una reserva de mujeres exclusivamente destinadas a satisfacer los caprichos de los hombres”. En la misma nota, los vecinos consideran que el consistorio cuenta solo con la opinión del colectivo Prostitutas Indignadas, que aboga por la regulación, mientras silencia a mujeres “chinas, nigerianas, rumanas... el grueso de las mujeres prostituidas”, y exigen al consistorio “coraje para mirar la realidad cara a cara y no contentarse con soluciones fáciles”.

RESPUESTA DEL COLECTIVO

Si la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona ha tenido esta dura respuesta por parte de la FAVB, las prostitutas tampoco se han quedado calladas ante el manifiesto contra el plan. Así, la plataforma Prostitutas Indignadas ha reclamado “responsabilidades por la violencia hacia las trabajadoras sexuales” que aseguran que han ejercido durante 10 años los gobiernos de CiU y PSC en Barcelona. La reclamación va dirigida precisamente al grupo de alcaldesas metropolitanas.

sin LEY

  • Actividad alegal La prostitución es una actividad alegal, porque no está regulada ni prohibida por ley. Lo que sí está prohibido es el proxenetismo (lucrarse con la explotación sexual de una persona). Solo el Estado tiene competencia para legislar sobre el sexo de pago.
  • Prostíbulos La regulación de los locales donde se ejerce esta actividad alegal es competencia de la Generalitat, que promulgó una ley para regular los requisitos de higiene y seguridad de los locales de espectáculos con salas anexas.
  • Ordenanzas Los ayuntamientos pueden prohibir el ofrecimiento o la solicitud de servicios sexuales en la vía pública mediante ordenazas de civismo, mientras que la Generalitat modificó la ley de carreteras para multar a meretrices y clientes por poner en riesgo la seguridad vial.

'No somos carne de vuestras campaña, somos mujeres con derechos' es el título de la réplica de Prostitutas Indignadas. La plataforma subraya que no pide al gobierno de Colau “una nueva regulación de ámbito municipal”, sino “generar políticas que garanticen los derechos de todas las mujeres que ejercen la prostitución y que contrarresten las vulneraciones y las violencias que han supuesto las políticas previas”.

Además del PSC y de CiU, votó en contra de la normativa el PP. La portavoz popular Àngels Esteller ha reiterado este lunes la posición de su grupo afirmando que las medidas para acabar con la prostitución deben ser “hacer cumplir la ordenanza de convivencia que prohíbe ofrecer y prestar servicios sexuales en la calle”. En este sentido, la concejala ha destacado que antes de hacer propuestas de este tipo se han de tener en cuenta las consecuencias de la prostitución y cómo se degradan los barrios que la sufren provocando problemas de convivencia. Por ello, ha propuesto reforzar la presencia policial y perseguir las mafias que explotan a estas mujeres. 

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