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En Valladolid

La Policía detiene a 15 empleados de una funeraria por incinerar en ataúdes más baratos

La investigación, iniciada en el 2017, se mantiene abierta por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria

El Periódico / Agencias

 El crematorio del tanatorio El Salvador, en Valladolid. 

 El crematorio del tanatorio El Salvador, en Valladolid.  / Nacho Gallego (EFE)

Al menos 15 personas han sido detenidas en Valladolid en una operación que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria mantienen abierta por una supuesta estafa en la que, al parecer, empleados de la empresa funeraria El Salvador incineraban a los fallecidos en ataúdes más baratos que los adquiridos por las familias.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha confirmado esta operación, mientras que fuentes de la operación han informado de que las actuaciones se están desarrollando en el tanatorio que la funeraria tiene en Valladolid, situado en el cementerio de El Carmen donde se encuentran más de una veintena de policías y miembros de la Agencia Tributaria.

Además, los agentes están realizando registros en las dependencias que la empresa tiene en la céntrica calle Angustias, en la capital, así como en otra en el municipio vallisoletano de Santovenia.

Investigación iniciada en el 2017

La investigación, que trata de determinar si los empleados de la funeraria cambiaban los ataúdes comprados por los familiares por otros de menor precio en el momento de la incineración, se inició en el 2017 aunque la operación y los registros han comenzado esta mañana, según las mismas fuentes, que han indicado que existe secreto de las actuaciones decretado por el juzgado que investiga el caso.

En las inmediaciones del tanatorio El Salvador hay agentes y vehículos policiales, así como familiares de fallecidos que acuden a despedir a sus seres queridos. 

La Delegación del Gobierno ha indicado que cuando concluya esta fase de la investigación convocará una rueda de prensa y ofrecerá destalles sobre el caso, así como el número de detenidos. 

Declaraciones de la delegada de Gobierno

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha pedido "prudencia" ante la operación, ya que sigue en curso y "cualquier información podría interferir".

Barcones ha confirmado que estos hechos se llevan investigando desde el 2017 y ha sido esta mañana cuando se han producido las primeras detenciones, al tiempo que ha pedido que se deje "desarrollar la operación policial" ya que está decretado el secreto de actuaciones por parte del juzgado.

En este sentido, ha apuntado que si a lo largo de la jornada de este jueves se lo permiten desde la vía judicial, se convocará una rueda de prensa para dar los detalles de esta intervención una vez que finalice la operación.

Asociación Nacional de Servicios Funerarios 

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) ha exigido la depuración de responsabilidades. Conocida la investigación en marcha, la asociación, a través de un comunicado, se ha apresurado a matizar que la mercantil investigada no forma parte de sus asociados, para a continuación condenar enérgicamente este tipo de actuaciones.

"En el caso de que se probara la veracidad de las prácticas publicadas e investigadas, instamos a la Justicia a que depuren todas las responsabilidades. Este tipo de actos no solo dañan la imagen del sector funerario sino que causan un profundo dolor a las familias implicadas", advierten desde la asociación.

"El código deontológico de Panasef, que condena estas malas praxis, es asumido por todas las empresas asociadas y es un compromiso de profesionalidad y transparencia hacia las familias", concluyen las mismas fuentes.