Crisis en las prisiones catalanas
Justícia releva al director de la prisión de Mas d'Enric y los sindicatos anuncian dos jornadas de huelga
Presidència toma el mando de la negociación con los funcionarios, que anuncian paros y protestas en plena campaña electoral
Los funcionarios pretenden forzar cambios en la política penitenciaria del Govern
El bloqueo de las prisiones catalanas deja a 4.000 internos en sus celdas
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
Germán González
Periodista.
La Conselleria de Justícia ha relevado al director de la cárcel tarraconense de Mas d'Enric, Paco Romero, después de que este, según el departamento, pusiera a disposición su cargo. El cese se produce días después del asesinato de la cocinera del centro penitenciario, Núria L., a manos de un interno que luego se suicidó. El crimen ha incendiado las prisiones catalanas. Los funcionarios bloquearon durante varios días las cárceles en señal de protesta y desde entonces han reclamado la dimisión de la consellera Gemma Ubasart y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó. En los últimos días, la tensión había disminuido y los funcionarios se limitaron a movilizarse aprovechando la salida de la cárcel de Dani Alves. El departamento de Funció Pública, dependiente de la Conselleria de Presidència de Laura Vilagrà, ha tomado el mando del diálogo con los sindicatos, que han anunciado este miércoles por la noche, a través de un comunicado conjunto, una huelga para el día 26 de abril, al inicio de la campaña electoral en Catalunya, y otra el 11 de mayo, jornada de reflexión, así como otras movilizaciones.
La Conselleria asegura que el "relevo" de Romero es una "decisión meditada" que ha "contado con el acompañamiento de la dirección de la Secretaría de Mesures Penals", dirigida por Amand Calderó. La medida, sostiene, se ha tomado de "forma consensuada" entre el hasta ahora director de la cárcel de Mas d'Enric y el departamento, que han llegado a la conclusión de que "hace falta" encarar "una nueva etapa en el centro después de la crisis vivida en los últimos días", en referencia a las protestas de los funcionarios tras el asesinato.
Así, fuentes de la Conselleria han precisado que Romero había comunicado hace tiempo su intención de cambiar de destino. Sin embargo, su salida del cargo se produce tras unos días de máximo conflicto entre el Ejecutivo catalán y los empleados de las prisiones. De hecho, se trata del primer "relevo" (como lo califica Justícia) en el sistema penitenciario catalán desde las protestas. Los partidos políticos de la oposición habían reclamado a Justícia responsabilidades" por el asesinato de Núria L.
El departamento de Justícia ha precisado que Romero es "un profesional de valía reconocida y con una larga trayectoria en el sistema penitenciario catalán" que a partir de ahora asumirá "nuevas responsabilidades directivas". Había estado al frente del centro penitenciario de Tarragona desde abril de 2005 e inauguró Mas d'Enric. La Conselleria ha querido dejar claro que "ha realizado una gestión excelente del centro y ha ejercido sus responsabilidades con gran profesionalidad y vocación de servicio público". Comenzó su trayectoria profesional el diciembre de 1988 como funcionario. Desde 1997 ha ocupado distintas responsabilidades directivas. De hecho, dirigió la prisión antigua de Tarragona desde 2005 a 2015 y después ya enlazó con la etapa en Mas d'Enric.
La respuesta de los sindicatos
Los sindicatos de prisiones, sin embargo, no se han quedado satisfechos con el relevo de Romero y este jueves por la noche han anunciado la convocatoria de dos días de huelga, una concentración para el próximo 5 de mayo y otros actos de protesta todavía por determinar. Las organizaciones Cesif, Intersindical, UGT, CCOO, Iac-Catac y Acaip admiten que el escenario "podría estar cambiando" y que el anuncio del cese del director de Mas d'Enric "supone un reconocimiento público del Govern de la Generalitat" de que la Conselleria de Justícia "ha de asumir su responsabilidad".
Sin embargo, al entender de los sindicatos, "se ha sacrificado un peón con la finalidad de proteger a figuras más relevantes" y el "interés de preservar a los máximos responsables evidencia que los objetivos electorales parecen tener prioridad por encima de la voluntad del Govern de resolver el conflicto". Por esta razón, los representantes de los trabajadores de las cárceles avisan que "nunca" considerarán a la consellera Ubasart ni a Calderó como "interlocutores válidos". Los sindicatos de prisiones han solicitado desde el primer día del conflicto su dimisión, una petición que los dos han rechazado.
Las organizaciones sindicales sí precisan que se pueden dar los condicionantes para abrir vía de contactos "con representantes válidos de la administración con el objetivo de conseguir la asunción de responsabilidades por parte de los que nos han llevado a este escenario", que en su opinión son Ubasart y Calderó, y también conseguir las medidas de seguridad destinada a garantizar la integridad física de los funcionarios, así como "la mejora general de las condiciones de trabajo". "Esperamos que este Govern reciba nuestro mensaje y aproveche la oportunidad que le estamos brindando para solucionar el conflicto, y por eso será obligatorio que una vez nos sentemos en la mesa, utilice todos los recursos a su alcance para satisfacer las exigencias de los trabajadores penitenciarios catalanes", concluyen.
De equipos para gestionar conflictos a jubilaciones anticipadas
<strong>La Conselleria de Justícia ha tomado una batería de medidas a raíz del asesinato de Núria L.</strong>, la cocinera de la cárcel de Mas d’Enric, como el refuerzo de la vigilancia en los talleres y en las cocinas, pero también tiene previsto poner en marcha otras iniciativas con las que pretende, según sus palabras, “dar un salto cualitativo del sistema en materia de seguridad” y reducir las incidencias y agresiones de los reclusos a los funcionarios.
Una de las iniciativas que ya se ha desplegado este marzo es la incorporación 111 nuevos profesionales especializados en prevención y gestión de conflictos en los centros penitenciarios, expertos que intervendrán en casos especialmente graves y violentos. Estos efectivos se incorporan con un programa temporal de 20 millones de euros. El objetivo es consolidarlo.
A la vez, el departamento tiene previsto un aumento de la plantilla para reforzar la presencia de los trabajadores en los centros, “condición imprescindible para incrementar la seguridad”, según Justícia. En concreto, se ampliará el personal en 407 personas. También se crearán unidades de intervención especializadas para internos con problemas de adaptación en los módulos ordinarios, y se priorizará la jubilación anticipada de los empleados de las cárceles en las negociaciones entre el Gobierno catalán y el español, con el objetivo de rejuvenecer la plantilla. La idea es crear un cuerpo propio de profesionales penitenciarios y la constitución de una escuela de ejecución penal para mejorar la formación.
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