Los funcionarios pretenden forzar cambios en la política penitenciaria del Govern

El asesinato de Nuria L., la cocinera de la prisión de Mas d'Enric (Tarragona), a manos de un interno, que después se suicidó, fue la gota que colmó el vaso. La espoleta. Durante años, los sindicatos penitenciarios han clamado contra el Departament de Justícia de la Generalitat por el aumento de los incidentes en el interior de los centros y por lo que consideran una nefasta gestión en las cárceles. Sostienen que los presos son cada vez más violentos y que los trabajadores han perdido el principio de autoridad que tenían. Lamentan que deben enfrentarse a lesiones y amenazas "diarias" y que se sienten abandonados por la Administración catalana, un cuestionamiento que el Govern rechaza.

El choque es entre dos modelos de gestión: el que pide más mano dura y el que apuesta por la reinserción

Es un choque de trenes. De dos visiones de la gestión penitenciaria. Por un lado, las reclamaciones de mano dura o de más control (como es permitir el uso de aerosoles o los aislamientos) y, por otro, la política del Govern, calificada de "buenista" por los sindicatos, encaminada a la reinserción de los presos, con la apuesta, por ejemplo, del régimen abierto o de semilibertad o el incremento de medios para combatir la salud mental de los reclusos.

Tras el crimen de Nuria, los sindicatos de prisiones han sostenido que se había traspasado una "línea roja" y comenzaron las movilizaciones que durante cinco días han puesto a prueba la seguridad de las cárceles catalanas y la paciencia de los reclusos, que han tenido que permanecer horas y horas aislados en sus celdas y que, incluso, no pudieron comunicarse con sus abogados. Una verdadera bomba de relojería.

Desde el pasado viernes y hasta este lunes ha habido bloqueos de las cárceles con barricadas. El día antes, el jueves, los trabajadores penitenciarios realizaron una protesta frente a la sede del Departament, con intento de ocupación incluido, que fue rechazado por la fuerza por los Mossos d'Esquadra. Este martes, ha habido una jornada de tregua, pero para este miércoles hay convocada una protesta en la plaza de Sant Jaume.

Los trabajadores penitenciarios cesan los bloqueos pero se manifestarán en Barcelona

Los trabajadores penitenciarios insisten en pedir la dimisión de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que comparecerá este jueves en el Parlament, y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó. No los consideran interlocutores válidos para negociar y por eso los han plantado en varias ocasiones (este martes fue la última) en las reuniones para solucionar el conflicto. Condicionan sus renuncias a sentarse a la mesa a negociar. "No queremos manos manchadas de sangre", han explicado en una rueda de prensa. Aluden al asesinato de la cocinera de Mas d'Enric a manos de un preso, crimen del que consideran responsable a la actual cúpula de la conselleria. El Govern ha salido en defensa tanto de Ubasart como de Calderó, respaldando su gestión.

Más de una agresión diaria

Desde hace años, los empleados penitenciarios denuncian el aumento de agresiones. Un informe del sindicato CSIF sobre los incidentes de 2023 en las cárceles catalanas recoge que se agredió a 582 miembros del personal, con una medida de 1,6 trabajadores atacados al día. Este sindicato destacó que existieron "86 incidentes en los que 105 trabajadores resultaron agredidos de consideración grave o muy grave", una cifra que supone un 54% más que en 2022. Y recordó que las prisiones más conflictivas y con mayor incidencia de ataques a funcionarios continúan siendo los centros penitenciarios de Brians 1 y Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, y Quatre Camins, en la Roca del Vallès. Sin embargo, el crecimiento más importante se constata en el centro penitenciario de Jóvenes en La Roca, lo que para CSIF es una muestra de que aquí están los presos "más inadaptados y violentos de todo el sistema”.

Gemma Ubasart: "Las prisiones catalanas tendrán un equipo de psicólogos para prevenir suicidios"

Este martes han comparecido ante los medios varios trabajadores penitenciarios para explicar la situación en las cárceles. Francina, funcionaria de Mas d'Enric, ha lamentado el "buenismo" de las políticas penitenciarias de la Generalitat en los últimos años. Los funcionarios de prisiones aseguran que existe una apuesta por la reinserción por parte de la Administración y eso hace que se dicten órdenes o circulares en las que se impiden los medios para sancionar amenazas o insultos. Francina ha explicado que "estamos atados de pies y manos" y que han cambiado incluso la forma de contener a los presos cuando hay un incidente.

"Sin seguridad y disciplina no puede haber tratamiento, y sin tratamiento no puede haber rehabilitación"

Sandra

— Jurista y criminóloga de Lledoners

"Sin seguridad y ni disciplina no puede haber tratamiento, y sin tratamiento no puede haber rehabilitación", ha dicho Sandra, una jurista y criminóloga en Lledoners, que también ha atacado a la actual cúpula de Justícia al asegurar que "las políticas de esta Administración nos han llevado a un asesinato". Por eso ha pedido "más medidas para volver vivos a casa".

En 2022 hubo 84.000 registros a presos, mientras que en 2023 se contabilizaron 101.163 

Los trabajadores penitenciarios han lamentado que cada vez pueden hacer menos registros a presos y sus celdas. Versión que el Departament de Justícia ha desmentido con datos de los últimos años: en 2022 hubo 84.000 registros mientras que en 2023 se contabilizaron 101.163. Solo en un 5% de estos registros se encontró material no autorizado, como droga, teléfonos móviles o 'pinchos', entre otros. Este 2024 se han realizado hasta el momento 16.478 registros en las cárceles catalanas.

Los trabajadores del CIRE

Francina también ha remarcado que el personal del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) es el colectivo que trabaja "con más riesgo", ya que lo hacen en espacios como talleres o cocinas, en los que hay tijeras, destornilladores, cúteres o cuchillos, que pueden ser usados para atacar. En este sentido ha recordado que se usó una "arma blanca para matar a Nuria".

El Govern rechaza el uso de aerosoles en las prisiones catalanas tras recibir informes negativos

Ante esta situación, los empleados penitenciarios piden más personal y herramientas para poder controlar a los internos. Raquel, funcionaria en Quatre Camins ha relatado que la falta de medios puede afectar a la seguridad cuando apenas hay media docena de vigilantes en módulos con 120 o 150 internos. Por eso, ha destacado que se trata de "una bomba de relojería", ya que hay presos con enfermedades psiquiátricas mezclados con otros.

Justícia incorporará a 111 profesionales especializados en evitar conflictos y prevenir suicidios

Para solucionar esta situación de riesgo, Justícia tiene previsto contratar 111 profesionales especializados en evitar conflictos y prevenir suicidios, que se incorporarán al sistema penitenciario, y crear en las principales cárceles unidades especializadas en la atención de presos con patologías de salud mental. Puig de les Basses de Figueres será la primera antes de verano y tendrá capacidad para una veintena de internos. De esa forma se garantizará su tratamiento y no se mezclarán con los otros presidiarios.

Asimismo, está prevista la ampliación de la plantilla con cerca de 800 efectivos, de los que 407 son nuevos funcionarios, más los expertos en conflictos y suicidios y 200 profesionales que se incorporarán a las unidades de intervención dirigidas a internos con vulnerabilidad acumulada, que muchas veces son personas con comportamientos inadaptados.

El uso de aerosoles

Los trabajadores penitenciarios han afirmado que están "totalmente desamparados" y han recordado que antes bastaba con una amenaza de muerte para que un preso fuera trasladado a otra cárcel. También lamentan que Justícia ha rechazado algunas de sus peticiones más antiguas para hacer frente a las situaciones violentas, como el uso de aerosoles. Tras una prueba piloto, el Govern descartó su utilización por los posibles efectos nocivos para internos y funcionarios en espacios cerrados.

Junto con las peticiones de más personal y más herramientas, los trabajadores penitenciarios y sus representantes sindicales tienen una antigua reivindicación: que se les considere agentes de la autoridad, como son los policías. De esta forma, un ataque hacia ellos sería castigado con una pena más alta.

Por el momento, Justícia ha pedido diálogo y se ha comprometido a mejorar la seguridad en las prisiones para los trabajadores del CIRE, unas medidas insuficientes para los sindicatos que insisten en reclamar dimisiones o ceses en la cúpula del Departament. El conflicto podría enquistarse.