Tercera edad

Los geriátricos concertados exigen la equiparación salarial con las residencias públicas

Los empleados de centros públicos cobran un 30% más que los del sector privado

Los agentes sociales y económicos reclaman una inversión extraordinaria de 250 millones por parte del nuevo Govern para la mejora salarial

Solo el 3,5% de ancianos catalanes tiene un cuidador público en casa

Manifestación de cuidadoras contra la precariedad laboral en noviembre del 2022 en Barcelona.

Manifestación de cuidadoras contra la precariedad laboral en noviembre del 2022 en Barcelona. / Enric Fontcuberta

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Las principales organizaciones empresariales y sociales del sector concertado y privado de atención a las personas mayores han presentado este lunes un manifiesto en el que reclaman la equiparación salarial de sus empleados con los trabajadores públicos. Bajo el lema 'Mismo trabajo, mismo salario', los agentes sociales y económicos piden una inversión extraordinaria de 250 millones por parte del nuevo Govern para equiparar los salarios de los profesionales de las residencias y los centros de día con plazas financiadas públicamente con los salarios de las residencias propias de la Generalitat. El manifiesto propone que los partidos que se presentan en las elecciones del 12-M incorporen esta demanda en sus programas electorales y en el futuro ejecutivo.

Las mujeres copan el 90% de los puestos de trabajo de atención a la gente mayor

Las organizaciones quieren que haya un acuerdo en el Parlament que apoye la demanda de equiparación salarial y que esta mejora llegue en el plazo máximo de una legislatura, dando cumplimiento al artículo 166 de la ley de medidas de los presupuestos de la Generalitat de 2020 para toda la red de servicios sociales.

Múltiples apoyos

Entre las entidades que han apoyado el manifiesto se encuentran la Asociación de Centros de Atención a la Dependencia (ACAD), la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), el Consorcio de Salud y Social de Catalunya (CSC), la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Catalunya (FATEC), La Unión – Asociación de Entidades Sanitarias y Sociales, la UGT y la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR).

El texto lamentó que la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya haya dejado "sin efectos" un conjunto de acuerdos suscritos entre el sector y el Departamento de Derechos Humanos.

Un 90%, mujeres

En rueda de prensa han denunciado las "malas condiciones económicas" que sufren el conjunto de profesionales de las residencias de ancianos del país, unos 40.000 profesionales, el 90% mujeres. Han detallado que existe una diferencia del 40% del nivel salarial entre el convenio público de residencias y los principales convenios de aplicación al sector con "mismas tareas laborales".

Así, patronales, sindicatos y asociaciones de personas mayores han visto con "gran preocupación" cómo el salario mínimo interprofesional atrapa determinados perfiles como el auxiliar de geriatría. También han recordado que la dignificación debe hacerse ante el contexto de que los abuelos son cada vez más vulnerables y requieren más cuidados.

Captación de trabajadores

Según explicaron, la armonización de las condiciones laborales de los profesionales es necesaria porque afecta a la movilidad de profesionales y dificulta la fidelización y captación de trabajadores. A modo de ejemplo, han denunciado que un gerocultor que trabaja 1.792 horas en el sector privado tiene un sueldo anual bruto de 16.384,30 euros, mientras que un auxiliar de geriatría que trabaja en una residencia pública durante 1.633 horas al año percibe 24.375 ,82 euros anuales brutos. Por este motivo, las organizaciones estiman que para equiparar solo económicamente las tablas salariales hacen falta unos 282 millones de euros para cubrir a los profesionales afectados por el convenio. Para equiparar el precio pagado por hora, se necesitarían unos 93 millones de euros.

En la rueda de prensa de presentación del manifiesto las organizaciones han explicado que la Generalitat destina 4.100 euros a cada plaza en las residencias, una cifra que en las concertadas se reduce a la mitad.

También han alertado de que en 2023 se detectó un 11,63% de absentismo laboral en las residencias concertadas y privadas.