Solo el 3,5% de ancianos catalanes tiene un cuidador público en casa

Precariedad laboral, falta de recursos, pocas horas de atención, nulas políticas de género y desigualdad entre comarcas. Estas son las principales carencias del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), detectadas por los analistas del Institut Català d'Evaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) en informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El texto también muestra experiencias de buenas prácticas que ya se aplican en algunas comarcas y políticas a implementar en el futuro. El documento fue encargado en 2019 por la Conselleria de Drets Socials, que quiere mejorar y apostar por una labor más preventiva del servicio de cuidadores públicos que ofrecen los ayuntamientos a las personas dependientes que viven en su casa pero no pueden valerse por sí mismas. "Hay mucho camino de mejora", resume Mireia Borrell, analista y coautora del informe. El 'Govern', de hecho, plantea un nuevo modelo, 'SAED', para aplicar a este servicio experiencias comunitarias de relación social, y coordinarse con otros servicios, como la teleasistencia.

Cerca de 70.000 personas dependientes en Catalunya abren la puerta, a diario, a una persona que les asea, les cocina, les ayuda a hacer la compra o les limpia la casa, con recursos públicos: ellos no tienen que contratar ningún servicio externo, sino que son los servicios sociales municipales los que se lo organizan. Un servicio básico, dando por hecho el envejecimiento de la población y que la mayoría de los dependientes quieren evitar, al máximo, tener que ingresar en un geriátrico. Pero, según el informe de Ivàlua, solo el 3,5% de mayores de 65 años reciben esta atención, aunque la ley de servicios sociales de Catalunya dicta que, como mínimo, habría que llegar al 4% de cobertura. Los primeros datos provisionales muestran que en 2020 no se llegó ni al 3% de mayores de 65 años, y a menos del 20% de dependientes.

Un informe de Ivàlua señala la infrafinanciación de este recurso, desigualdad territorial y precariedad de sus trabajadoras

Máximo dos horas al día

Este servicio de ayuda a domicilio se financia principalmente con dinero de la Generalitat y del Gobierno central, que aportan el 66% de la financiación, mientras que el resto del coste lo asumen los municipios. En 2019, el SAD costó 172 millones de euros, de los que la Generalitat aportó 92 millones. Es el principal servicio que la Conselleria de Drets Socials financia a los ayuntamientos. Pero esta aportación es insuficiente. Según los últimos datos publicados por el Govern, los usuarios de este servicio reciben de media una atención de 30 minutos cada día. La horquilla está entre 20 y 40 horas mensuales, así que los que reciben la máxima prestación tienen dos horas al día de cuidadores. "No es suficiente", opina Natalia Rosetti, coordinadora y autora del informe.

"La percepción ideal de muchos usuarios es tener al SAD durante todo el día en casa: pero para hacerlo habría que multiplicar el presupuesto por 17. Hay que buscar fórmulas innovadoras para cubrir las necesidades y que el servicio sea sostenible", señala una técnica de la 'conselleria'. "Aquí emerge el problema de la desigualdad económica: quien se lo puede permitir contrata a cuidadores durante el resto del día. Pero, ¿qué ocurre con los que no pueden?", plantea Borrell.

Labor preventiva

El SAD se divide en dos tipos de servicios. El que se tramita a través de las ayudas y valoración por la ley de dependencia (SAD dependencia), y el que obedece a un criterio social, que dictan los servicios sociales (SAD Social). El primero atiende al 60% de usuarios. El informe muestra que, a medida que han ido aumentando las listas de espera de la dependencia, los atendidos por el SAD Social han aumentado por el número de personas en lista de espera para el SAD dependencia o para una plaza en una residencia. Esto hace, según constatan los técnicos de la Generalitat y apunta el informe de Ivàlua, que el SAD Social haya perdido su función, que es mucho más preventiva y que no solo va dirigido a personas mayores o dependientes, sino a hogares vulnerables.

Desigualdad en los pueblos

El informe denuncia también la inequidad territorial. El transporte para llegar hasta las casas de estas personas eleva el coste del servicio 2,51 euros cada hora. Las autoras extraen datos de otro informe publicado donde se evidencia que las zonas rurales, de montaña, y más despobladas reciben un 46% menos de oferta del SAD y perciben, de media, cuatro horas menos de atención semanal. "Cuando la población de montaña aumenta un 1%, la intensidad del servicio cae en casi una hora", concluye el estudio. Por ejemplo, el Tarragonès, Vic, Palafrugell, Baix Empordà o la mancomunidad de La Plana tienen la tasa más baja de beneficiarios y de horas de atención. En Urgell, Garrigues, Segrià, Calafell, Baix Penedès, Blanes y la Vall d’Aran no llegan a atender al 1% de los mayores de 65 años. Por contra, Montcada i Reixac, Pallars Jussà y Alta Ribagorça se acercan al 9% de atención, y el Solsonès supera el 10%, con un alto índice de horas de visitas. También destacan experiencias comunitarias e innovadoras en la comarca de la Garrotxa y el Pallars Jussà.

"Es preocupante esta desigualdad", señala el estudio. "El SAD es el mejor servicio en estos municipios sin recursos para los mayores y con altas tasas de envejecimiento", añade el informe. "La configuración del SAD y su financiación debería atender estas situaciones: no es equitativo", insiste. El informe también revela que, aunque los municipios rurales tienen menos cobertura, los municipios urbanos que atienden a más personas, a su vez, les atienden menos horas. "Es un juego de equilibrios entre necesidad y costes", cuenta Borrell.

Precariedad y subcontratas

Esta semana las trabajadoras del SAD de Barcelona protestaron por las precarias condiciones de su trabajo. El informe les da la razón. "La calidad del servicio se ve afectada por la externalización, que puede ser fuente de eficiencia ,pero también supone una pérdida de control del servicio y de las condiciones laborales precarias", dicen las analistas en el documento. Sólo el 8% de los entes locales prestan el servicio de forma directa. El 84% restante está subcontratado o externalizado, ya sea de forma total o parcial.

"Hay muchas mujeres de este servicio con medias jornadas que no llegan a final de mes, y la rotación en el servicio es constante, por lo que falta formación", cuenta Borrell. Los técnicos de la Generalitat recuerdan que en 2020 el Govern subió el precio que pagan por cada hora de atención, y cuentan que han empezado un proceso de acreditación para evitar que grandes empresas multiservicio hagan negocio a costa de la atención a los más vulnerables.

Ceguera de género

El informe de Iválua usa en varios momentos el concepto 'ceguera de género'. Este servicio de cuidados a domicilio es prácticamente femenino: el 70% de las usuarias son mujeres, como también lo son sus trabajadoras. Sin embargo, no hay ninguna política pública encarada a tratar este tema desde esta perspectiva. "Nos encontramos con muchas mujeres que no quieren el SAD porque tienen asumido que son ellas las que tienen que hacer estas labores, y por lo tanto tienen menos horas de servicio que los hombres, cuando quizá lo necesitan por igual. Y también hay mucho rechazo a que los trabajos los hagan los hombres", explica Borrell.

Telecuidados

Ante esta realidad, el Govern está trabajando en un nuevo sistema de cuidados a domicilio. El proyecto lleva las siglas 'SAED': Servicio de Ayuda al Entorno Domiciliario. Ello implicaría, por ejemplo, coordinarse con los servicios de teleasistencia de las Diputaciones, que en el caso de Barcelona además está aplicando técnicas de innovación digital. Pero no sólo. "Esa tienda del pueblo que conoce a todos los mayores, las farmacias, el vecindario... no podemos sacar a una señora de su casa porque la vivienda no está adaptada y llevarla a un barrio nuevo donde no conoce a nadie", sigue la trabajadora del departament. "En el fondo, se trata de creernos el Estado del Bienestar: los cuidados. Creernos que esto es igual de importante que la sanidad, la educación o las pensiones", insiste Rosetti.

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